Artículo en Instituto Juan de Mariana.
Vivimos una crisis económica grave, caracterizada por paro, recursos desaprovechados, empobrecimiento, decrecimiento, impagos, desahucios, viviendas vacías o inacabadas, terrenos devaluados, pérdidas y quiebras empresariales, déficit público, deudas muy difíciles de pagar, falta de confianza y crédito.
Hemos llegado a esta crisis a causa de una expansión crediticia insostenible: el crédito demasiado fácil y barato, el optimismo infundado y nada realista (por exuberancia irracional, efecto manada, e incultura financiera: “el ladrillo nunca baja”; “las casas suben de precio porque la gente puede pagarlas”; “la economía va bien”; “hemos acabado con los ciclos económicos”), han originado una burbuja financiera, un endeudamiento exagerado, una prosperidad ficticia, un exceso de asunción de riesgos que ha derivado en daños inevitables.
Buscamos culpables: el mercado o el Estado; la libre competencia evolutiva entre alternativas, o la planificación coactiva centralizada.
El mercado libre no puede ser culpable porque no existe: no se respetan los derechos de propiedad ni hay libertad contractual; no se privatizan beneficios y pérdidas; abundan las regulaciones, prohibiciones, obligaciones, garantías, subvenciones, protecciones. Además el mercado no es un agente, una entidad unitaria cohesionada, sino un sistema y un proceso mediante el cual múltiples agentes intentan coordinarse, cooperar y competir. Muchos de estos actores económicos han cometido errores sistemáticos: bancos, cajas, banca en la sombra, agencias de calificación de riesgos, sector inmobiliario (constructoras, promotoras, agencias de tasación), familias, inversores, ahorradores, especuladores, trabajadores. Pero estos errores han sido fomentados y agravados por el intervencionismo estatal en los ámbitos monetario y crediticio.
El Estado es un agente poderoso y omnipresente, que interviene, dirige, regula y supervisa todos los aspectos de la economía de forma torpe y defectuosa por problemas de conocimiento e incentivos, y sus errores provocan daños generalizados. El gobierno presuntamente actúa con sabiduría, experiencia e imparcialidad, pero en realidad se equivoca sin asumir la responsabilidad y el coste de sus errores, impone reglas arbitrarias, injustificadas o disfuncionales, elimina la libre competencia evolutiva entre alternativas descentralizadas, dificulta la generación y transmisión de información, desactiva los mecanismos naturales de vigilancia, protección y generación de confianza de la sociedad, y genera riesgo moral de forma sistemática. “Papá Estado vigila, así que no te preocupes y sigue durmiendo tranquilo.”
En teoría el Estado actúa para evitar, mitigar o compensar el ciclo económico de expansión y depresión presuntamente causado por el libre mercado. En realidad es el Estado su principal causante por el envilecimiento de la moneda, la expansión insostenible del crédito y el fomento de la asunción excesiva de riesgos. Las intervenciones estatales descoordinan las estructuras productivas y financieras del sistema económico: los bancos centrales, emisores monopolistas de dinero y supervisores y protectores de la banca privada, generan inflación, desestabilizando el valor del dinero, y manipulan a la baja los tipos de interés, responsables de la coordinación intertemporal y las decisiones de consumo y ahorro; los estados ofrecen garantías explícitas o implícitas de refinanciación o rescate a ciertos agentes privilegiados, los bancos y algunos de sus acreedores, los cuales adaptan su conducta al marco legislativo asumiendo más riesgos para intentar obtener mayores beneficios, a sabiendas de que sus posibles pérdidas serán socializadas con la excusa del riesgo sistémico por ser entidades demasiado grandes e interconectadas para caer.
Para comprender los ciclos económicos es esencial entender el dinero, el crédito y la banca, y su distorsión por parte del Estado.
El dinero es el bien cuyo valor o poder adquisitivo es lo más estable o invariante posible (liquidez, para todas las personas, en todo momento y lugar, en cualquier cantidad, como comprador o vendedor). Debe ser fungible, duradero, fácilmente almacenable y transportable (alto valor por unidad de masa y volumen), reconocible, divisible, producible en unidades homogéneas, y con una baja y estable relación entre flujo y existencias. El dinero es necesario, junto a los intermediarios, para unir a vendedores y compradores de bienes y servicios en una sociedad extensa con especialización y división de trabajo.
El dinero cumple tres funciones que deben estar adecuadamente equilibradas: medio de intercambio, depósito de valor y unidad de cuenta. El intervencionismo estatal suele distorsionar la función de depósito de valor (poder no intercambiar mientras no se desee hacerlo y guardar reservas líquidas para el futuro), generando inflación, para forzar a los agentes a realizar más intercambios (aunque no sean libres y voluntarios) y así aparentar prosperidad y crecimiento (“estimular la economía”) y obtener recursos fiscales.
El dinero es una institución social, evolutiva, espontánea y adaptativa: es un patrón de conducta repetitivo, generado mediante imitación generalizada de conductas empresariales exitosas, que facilita la coordinación social. No requiere ninguna intervención estatal para su existencia.
Tener dinero o saldos de tesorería tiene el riesgo de su posible robo y el coste de oportunidad de lo que no se compra con ese dinero o los rendimientos que no se obtienen al invertirlo (en préstamos, compra de bienes de capital o acciones).
Para economizar el uso de dinero los agentes económicos pueden realizar intercambios incompletos, diferidos, a crédito: se entregan bienes o servicios presentes a cambio de promesas de entrega de dinero en el futuro; se genera una deuda entre un deudor (deber de pago) y un acreedor (derecho de cobro). El tipo de interés de la deuda depende de su plazo y riesgo: a menor plazo y riesgo, menor es el interés.
El crédito se concede en función del conocimiento y la confianza que tiene el acreedor en la solvencia (honestidad y capacidad de pago) del deudor; suele reforzarse mediante garantías como colateral y avalistas. Las deudas pueden cancelarse entre sí, pagarse a su vencimiento, renovarse, o impagarse (morosidad).
Las deudas a muy corto plazo y cuyo cobro es muy seguro pueden llegar a aceptarse como medio de pago (complementos o sustitutos monetarios): circulan, se monetizan. Los comerciantes, que interaccionaban frecuentemente y se conocían, utilizaban sus letras de cambio como sustitutos del dinero.
Los bancos extienden el uso del crédito como medio de pago a toda la sociedad al utilizar su conocimiento especializado para comprar deuda segura como activo (lo que tienes o te deben), y emitir su propio pasivo (lo que debes) convertible a la vista (billetes y depósitos) para el uso de sus clientes. Esta creación privada de medios de pago es sostenible si el activo del banco que respalda sus pasivos monetizados es seguro y a corto plazo.
Un banco puede caer en la tentación de incrementar sus beneficios descalzando plazos y riesgos y monetizando activos cada vez menos líquidos: pidiendo prestado a corto plazo (más barato) y prestando a más largo plazo o con más riesgo (más caro); así los bancos expanden el crédito, facilitan el endeudamiento insostenible propio y de otros agentes sin que haya ahorro real a los plazos correspondientes. Pero este desajuste hace que el cobro de los billetes y depósitos de ese banco sea menos seguro, que no se acepten como medio de pago (o que lo hagan con descuento), y puede ocasionar retiradas masivas de dinero por los depositantes, pudiendo hacer quebrar al banco si este no puede vender sus activos suficientemente rápido y sin excesivas pérdidas. Un banco en un mercado libre no podría descalzar plazos y riesgos impunemente y generar el ciclo económico. Pero sí puede hacerlo si está respaldado por el Estado.
No sólo los bancos pueden intentar descalzar plazos: cualquier agente puede pretender financiar proyectos largos mediante deuda a más corto plazo, confiando en que le renovarán constantemente la deuda pero arriesgándose a que le corten el grifo de la financiación y tener que liquidar su proyecto inacabado y con pérdidas. Pero el descalce de plazos de los bancos es especialmente grave porque afecta a toda la economía por su papel de intermediarios de pagos y de financiación, y por la relativa opacidad de sus actividades al interponerse entre prestamistas y prestatarios.
El Estado interviene históricamente de forma sistemática en los ámbitos monetarios y crediticios: monopoliza o certifica la acuñación de la moneda (y engaña al respecto al devaluarla); impone leyes de curso legal forzoso para impedir que prosperen dineros alternativos de mejor calidad; privilegia a algunos grandes bancos a cambio de que faciliten su financiación comprando deuda pública; nacionaliza los bancos centrales; incumple sus promesas de pago y elimina la convertibilidad de los billetes; garantiza los depósitos de todos los bancos privados a cambio de regular su actividad, y refinancia a los bancos a tipos de interés bajos mediante la creación de nuevo dinero de mala calidad (respaldado por activos poco líquidos).
Para evitar los ciclos y las crisis económicas es fundamental desnacionalizar el dinero y dejar que funcione como una institución social, permitir la competencia entre dineros alternativos, eliminar o privatizar los bancos centrales, no garantizar los depósitos de los bancos para que sus clientes se responsabilicen de comprobar su liquidez y solvencia, y permitir quebrar a los bancos y otras entidades financieras sin proteger a sus acreedores.
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