La diferencia socialdemócrata según Jordi Sevilla

02/04/2012

Jordi Sevilla está

… convencido de que los problemas de la sociedad actual, en plena efervescencia de transformación, solo encontrarán solución equitativa y democrática de la mano de políticas fundamentadas en valores socialdemócratas.

Y tiene razón. Me refiero a que es seguramente verdad que está convencido de ello. Lo que ya no es correcto es que las soluciones a los problemas sociales estén en la socialdemocracia: porque por mucho que pretenda defender “valores” (que siempre suena bien), en realidad los destruye. No consigue lo que la gente prefiere, o lo hace para unos a costa de otros.

En pleno asalto a la razón desde fundamentalismos varios, la diferencia socialdemócrata consiste en la defensa, hasta sus últimas consecuencias, de los principios de la Ilustración y por su orden: libertad, igualdad, fraternidad, pero tomados en serio.

Sevilla quiere aparentar sensatez, distanciarse de los fundamentalismos: tal vez porque sus propios fundamentos intelectuales son muy flojos. De todos modos el “hasta sus últimas consecuencias”, el ser consecuentemente radical, suena típico de fundamentalistas… Qué raro.

Asegurar con total desenvoltura que su primer principio es la libertad: pero es que luego se encargará de destrozar el concepto a conciencia. La igualdad no será ante la ley sino mediante la ley, y la fraternidad operará mediante la coacción violenta (que naturalmente no será mencionada en absoluto).

Con flexibilidad en los medios necesarios para conseguirlos en una realidad con demasiadas respuestas obsoletas y muchas preguntas aún sin contestación. Pero con firmeza en el apego a objetivos tan dignos como la aspiración a vivir en una sociedad mejor y más justa, que estimule ciudadanos felices como pedía la Constitución de Cádiz.

Yo: flexibilidad (bueno). Algunos otros: obsoletos (malos).

La mención a la dignidad, ese término y concepto tan ambiguo o incluso vacío, suena muy bien, es popular y otorga peso moral: claro que sólo se apoya en otras vaguedades abstractas como lo mejor, lo más justo y la felicidad. ¿Conoce usted a alguien que defienda lo peor, lo injusto, lo que provoca infelicidad?

Y no concretemos mucho, no vaya a ser que se nos vea el plumero.

Libertad entendida como libertades políticas, pero también como la posibilidad real de que los individuos puedan llevar a cabo, en sociedad, sus proyectos de vida libremente elegidos, removiendo todos los obstáculos artificiales como los de posición social, género, raza o religión que lo dificultan.

Ya nos hemos cepillado a la libertad: nada de ausencia de interferencia violenta, no agresión, respeto al derecho de propiedad. Las libertades son políticas (votar, opinar, hablar, asociarse), nada de individuales o prepolíticas. Y las confundimos, como de costumbre entre los socialistas, con riqueza y poder; y para colmo metemos el término definido dentro de la definición. Y obviamos cuidadosamente mencionar que los costes de remover todos esos presuntos obstáculos… se los traspasamos a otros.

Igualdad sustancial de oportunidades para que cada uno pueda aportar según sus capacidades, volviendo a introducir el valor de la responsabilidad individual junto a la garantía social de una cobertura de necesidades básicas centrada en los menos favorecidos.

Nada de igualdad ante la ley, de ausencia de privilegios. Las oportunidades se consiguen quitándoselas a unos para dárselas a otros, receptores de ayudas que serán votantes agradecidos. La cobertura de las necesidades básicas se garantiza: sin precisar cuáles son, cómo se obtienen los medios necesarios y cómo se garantiza que se cumplirán las garantías. Por cierto: ¿no están garantizadas ya?

Fraternidad, como argamasa que dota de identidad común a un colectivo que comparte los mismos derechos y obligaciones, proporcionando un sentido individual de pertenencia a una ciudadanía constitucional.

Los miembros del colectivo no comparten los mismos derechos y obligaciones en absoluto: en el Estado socialdemócrata la ley no es igual para todos. La pertenencia al colectivo no es voluntaria ni opcional: el grupo y sus miembros están dados y son indiscutibles. Si no tienes ese sentido de pertenencia, pues te fastidias. De todos modos no te preocupes, porque harán todo lo posible para inculcártelo. Y si eso no basta, mucha argamasa: mucho cemento para conseguir la cohesión propia de las paredes de ladrillo. Porque al final para eso fundamentalmente están los colectivos políticos: para la lucha, la guerra, la batalla, los golpes. Como queda feo reconocerlo, se camufla todo como preocupación por los más desafortunados.

La diferencia socialdemócrata debe consistir en mantener, en medio del escepticismo general, la convicción y la práctica de una acción colectiva consciente basada en la razón y no en las pasiones, ni en los sentimientos. Hay que hacer política con el corazón, pero desde la razón. Porque solo desde la razón dialogada podemos reclamar una democracia que funcione, que resuelva de verdad los problemas en lugar de bloquearlos y que gestione las discrepancias desde principios distintos del “y tú más”, combinando el acuerdo transversal en unas cosas, con la confrontación en otras, para reducir los condicionantes impuestos por los mercados o la partitocracia, enfermedad que transforma a los partidos en instrumentos interesados solo en conseguir cuotas de poder institucional, del que se apropian los fieles al mando de turno.

O sea que la política socialdemocráta es imposible: por un lado, los sociáldemocratas son muy incompetentes, como puede verse, en el uso de la razón (parecer razonable o simplemente mencionar la razón no cuenta); y por otro, la razón y el diálogo son herramientas pobres en sociedades complejas con grandes cantidades y diversidad de participantes y problemas posibles.

La diferencia socialdemócrata debe hacer compatible la propiedad privada y la superioridad técnica del mercado, con la defensa del Estado y el cumplimiento de otros objetivos de responsabilidad social corporativa. Refundando el capitalismo sobre la base de no confundir derechos con mercancías, ni valores bursátiles con valores morales, ni competencia con darwinismo, ni empresas con negocios; exigiendo una regulación efectiva de los mercados financieros mundiales, el fin de los paraísos fiscales, y una gobernanza de la globalización económica; dejando claro que la admiración por el milagro económico de algunos países emergentes no debe hacernos olvidar que, en muchos casos, se explica por ausencia de democracia y por una sobre-explotación, humana y medio ambiental, que repudiamos.

El Estado, como monopolio de la violencia y la jurisdiccción, es incompatible con la propiedad privada y el mercado. El mercado no es superior sólo en lo técnico (eficiencia): también lo es en lo moral; aunque esto es algo que un socialista jamás podrá ni comprender ni aceptar.

La responsabilidad social corporativa es el tópico de moda políticamente correcto para intentar controlar, al menos en parte, a las empresas y su poder de acción.

¿Hay alguien tan tonto que confunda derechos (normas) con mercancías (cosas)? Aunque pensándolo un poco, los derechos son por lo general transferibles, negociables, se puede comerciar con ellos… Eso debe ser algo muy malo.

¿Hay alguien tan tonto que confunda valores bursátiles (precios) con valores morales (virtudes, normas, preferencias)?

¿Hay alguien tan tonto que no sepa que en la evolución (mal llamada darwinismo) existen tanto la competencia como la cooperación y que ambas pueden ser adaptativas? La respuesta a esto, probablemente es que sí.

Lo de no confundir empresas con negocios ya es más difícil: a saber lo que ha querido decir este ilustre socialdemócrata. Tal vez que no deben mezclarse, o que queda feo hacer negocios en o con las empresas.

Regular los mercados financieros mundiales: eso, porque lo digo yo. Lástima que falten los detalles, que no se aclare si la regulación debe ser centralizada y uniforme o si puede ser descentralizada (contractual) y competitiva.

Los paraísos fiscales ¿se llaman así en comparación con los infiernos fiscales? Porque originalmente eran refugios fiscales, o sea sitios donde protegerte de la confiscación. Ahora ya son el cielo, el nirvana.

La gobernanza de la globalización económica ¿va a ser responsabilidad de Jordi Sevilla? Pues qué miedo. ¿Aprenderán alguna vez estos presuntos seres racionales los límites de la inteligencia humana? ¿Comprenderán el caos que causan con sus patéticos intentos de imponer el orden?

La diferencia socialdemócrata debe recuperar un fuerte componente humanista en su acción política. Queremos transformar la sociedad para que los individuos concretos puedan tener una vida más plena y satisfactoria. Y eso tiene que ver con principios materiales (trabajo, renta básica, oportunidades, seguridad vital) pero, también, con valores éticos (educación, cultura, medios de comunicación, criterios de éxito social) cuya urgencia es evidente con solo observar como transcurre un día cualquiera en la mayoría de suburbios de las grandes ciudades.

¡Qué buenos son los socialdemócratas que quieren cosas tan bonitas! Y los liberales somos “inhumanistas”, supongo, y queremos que los individuos concretos no puedan tener una vida más plena y satisfactoria. O al menos somos tan circunspectos que no declaramos cada dos por tres lo mucho que amamos a los demás y cuánto deseamos su bienestar y su felicidad, su plenitud y su satisfacción.

Qué lástima que los socialistas sean tan incompetentes: con las buenas intenciones que tienen, por qué tendrán tan poca capacidad de conseguirlas… Y si limitaran las consecuencias nocivas de sus políticas a sí mismos, serían hasta entrañables.

La diferencia socialdemócrata consiste en recuperarla como proyecto de transformación social que participa en las elecciones y en el poder institucional, pero los trasciende en medio de una acción hegemónica más completa y compleja que incluye el ejemplo como método. Eso significa, entre otras cosas, rechazo absoluto a cualquier tipo de corrupción y abuso, preocupación por cómo convencer a los ciudadanos y no tanto por vencer al adversario en las urnas, así como un partido que combine eficacia organizativa con respeto a la discrepancia y a la democracia interna. Menos líderes mediáticos y eslóganes de marketing electoral y más debates sobre propuestas, con órganos colegiados de dirección que fomenten una participación interna y externa amplia, incluidas las nuevas redes sociales.

Hegemonía: en el fondo se trata de eso, de la capacidad de imponerse sobre los demás. Y si puede ser, de forma completa, para transformar la sociedad sin preguntarse si esta quiere ser cambiada. Rechazando la corrupción y el abuso, como si hubiera alguien que no lo hiciera.

La diferencia socialdemócrata contempla que la redistribución de renta, riqueza y oportunidades es una pieza esencial de su identidad, que se hace tanto desde los ingresos públicos (impuestos progresivos), como desde el gasto (no lineal, sino en función de las posibilidades). Pero está implicada en la revisión permanente de la eficacia de los instrumentos, incluida la Administración y los servicios sociales, así como en la evaluación de las políticas públicas, para reformar todo aquello que no funcione adecuadamente. Y, desde ahí, promueve unas instituciones del euro que hagan compatible los compromisos de déficit con los objetivos de crecimiento y la necesidad de un auténtico Banco Central que combata la especulación financiera contra los países.

Redistribuir: quitar a unos coactivamente lo que es legítimamente suyo para dárselo a otros, preferiblemente a los amigos o votantes. Esta es la identidad de la socialdemocracia: el robo de la confiscación impositiva y la dádiva de los subsidios y las subvenciones.

Evaluando las políticas públicas: sí claro, pero ¿según las valoraciones de quién?

Con un auténtico Banco Central: así, con mayúsculas, porque sólo puede haber un monopolio o poder supremo de la emisión de mal dinero y de la financiación de los Estados derrochadores.

La diferencia socialdemócrata ha cambiado la vieja clasificación de individuos en clases sociales incompatibles, por la de ciudadanos con algunos intereses comunes y, otros, confrontados. Y defiende la economía productiva, creadora de verdadera riqueza, frente a la economía depredadora, arquitecta de burbujas especulativas. La diferencia socialdemócrata hace autocrítica de lo hecho ante la presente recesión. Sobre todo, por contribuir a que los ciudadanos coloquen la política como tercer problema del país y a los partidos como institución peor valorada. No es solo cuestión de hacer otra política, sino de hacer política de otra manera. Para que los ciudadanos perciban y valoren esas diferencias que son el principio esperanza de que las cosas no solo deben, sino que pueden, ser diferentes y mejores para todos. Porque sí, juntos podemos.

El socialdemócrata dice que defiende la economía productiva, lo cual demuestra que el lenguaje permite una desconexión total entre lo que se dice y lo que se hace. Critica la economía depredadora cuanto en su esencia política están de forma sistemática la depredación y el parasitismo (aunque naturalmente ni se llaman así ni se reconocen como tales). Crea burbujas especulativas con sus intentos de planificación monetaria y luego se opone a ellas como si no tuviera nada que ver, como si fueran cosa del enemigo.

El socialdemócrata dice hacer autocrítica: pero la esconde muy bien, porque no aparece por ninguna parte. Tal vez quiere y no puede.

“Porque sí, juntos podemos”. Efectivamente, su fundamentación no va mucho más allá del “porque sí”, en realidad “porque os lo digo yo como forma de daros ánimos”.

Lo que podemos juntos suele consistir en derrotar al enemigo: la base del colectivismo está en cerrar filas para vencer a otros que a su vez se creen que juntos pueden.

No es extraño que quienes expresan estas aseveraciones acerca de la capacidad del grupo cohesionado no se molesten en especificar quiénes son los miembros de su grupo: para ellos es inimaginable que alguien no se considere parte de él y no los acepte como sus representantes.

Así que: ¿el “juntos podemos” me incluye a mí?; si es que sí, preferiría que me hubieran consultado, pero ya que estamos, ¿contra quiénes podemos juntos?; si es que no, gracias, y a ver si hay suerte y no se emplean todos juntos en mi contra…


Jordi Sevilla quiere la mitad de todo para las mujeres

20/03/2012

Qué majo. Qué forma de hacerse popular entre las mujeres… Así se liga y se gana popularidad. Es un maestro de la seducción.

Decía Ana María Llopis, la única presidenta de una empresa del Ibex 35, que las mujeres no piden mucho: sólo la mitad de todo, ya que son la mitad de la especie humana.

¿Cómo sabe Ana María Llopis lo que piden las mujeres? ¿Acaso conoce a todas las mujeres? ¿Habla en su nombre? ¿Ser ella mujer le da algún conocimiento especial al respecto?

¿Qué tiene que ver ser la mitad de la especie humana con pedir la mitad de todo? ¿Acaso ser la mitad de un grupo da automáticamente derecho a la mitad de lo que todo ese grupo ha producido? ¿Es que todos producen lo mismo y tienen derecho a exactamente la misma parte?

Hay cosas que uno no elige al nacer: la familia (nivel social), la nación o grupo étnico o el sexo. Hacer compatible esto con que todos nacemos iguales en derechos, uno de los principios constitutivos de nuestras sociedades democráticas, exige desarrollar eficaces medidas de igualdad de oportunidades que ayuden a contrarrestar las desigualdades que puedan experimentarse como consecuencia de actos de nacimiento no elegidos.

Esos derechos respecto a los cuales todos nacemos iguales, pueden interpretarse como derechos negativos o positivos, y en abstracto o en concreto. La interpretación liberal es que las normas generales son iguales para todos, y el único derecho que permite esto es el derecho de propiedad o principio de no agresión: todos somos igualmente propietarios de nuestro cuerpo, nuestro trabajo, y de lo que produzcamos e intercambiemos voluntariamente con otros. Pero las posesiones concretas de cada uno son necesariamente diferentes, y según la habilidad al servir a los demás unos serán más ricos que otros: no pueden tener todos los mismos derechos sobre los mismos objetos o el mismo derecho a la misma cantidad de riqueza. Y no tenemos más derechos positivos que los que consigamos contratando con otros y ofreciendo algo a cambio: las exigencias a los demás, simplemente porque sí, son ilegítimas.

Si las personas son desiguales al nacer y esto no les gusta, pueden reclamar a sus progenitores por no haberlo hecho mejor; no tienen ningún derecho a exigir nada al resto de la sociedad, quien no ha sido responsable de su desafortunada llegada al mundo. Que uno no sea responsable de su desventaja inicial no implica que todo el resto del mundo sí lo sea y tenga que remediarlo.

La idea es clara: los individuos tienen derecho a exigir una recompensa por el esfuerzo personal a lo largo de la vida, pero también a que los dejen competir en las mismas condiciones, a que se remuevan aquellos obstáculos sociales que impiden que puedan desarrollar todas sus capacidades por prejuicios, discriminaciones o segregaciones, artificiales.

Yo no tengo derecho a exigir que me dejen competir en las mismas condiciones si esto significa quitarles recursos a otros para dármelos a mí. Que los demás me discriminen o tengan prejuicios contra mí puede no gustarme, pero nada me da derecho a usar la violencia contra ellos para cambiar ese hecho.

Parece que sí hemos eliminado las discriminaciones contra la mujer en el origen, pero todavía estamos muy lejos de conseguirlo a lo largo de toda la carrera. Cuando en la base de la pirámide los resultados se reparten según sexo por mitades, resulta estadísticamente poco creíble que conforme vamos subiendo en niveles de responsabilidad el número de mujeres disminuya hasta el exiguo 10% de la cúpula directiva. Que a partir de los 30/35 años una inmensa mayoría de mujeres prefieran abandonar su carrera profesional hacia la cima porque de forma voluntaria decidan libremente elegir otras opciones vitales como dedicar tiempo a su familia, hijos y mayores dependientes, es en términos de probabilidades, imposible. A menos que incorporemos la existencia de una fuerte presión estructural (parafraseando al ministro Gallardón) sobre ellas para que así sea, en base a una discriminación impuesta, muy favorable para el otro sexo. De eso hablamos cuando decimos machismo.

La imposibilidad es algo muy serio, y Sevilla no parece especialmente cualificado para entenderla: sería altamente improbable que una distribución mostrara un sesgo semejante en la cumbre si los puestos directivos se obtuvieran o asignaran al azar; pero es que no lo hacen, y existen tendencias sistemáticas que explican estas diferencias. Sevilla está seguro de que la regularidad esencial bajo este fenómeno no puede ser que las mujeres prefieren la familia al trabajo; según él debe haber algún machismo discriminador. Asume lo que debe demostrar y lo argumenta mal.

Podemos asumir que las primitivas divisiones del trabajo entre hombres y mujeres estaban basadas en las habilidades y capacidades de cada uno de los sexos por cuestiones biológicas. Es discutible y hay demasiados contraejemplos, pero aceptémoslo como hipótesis. Lo que ya no es defendible es que aquella realidad se siga imponiendo todavía hoy sobre la evidencia que representa la base del gráfico, en un mundo, el nuestro, muy diferente de aquel de los primeros homosapiens.

No sé si por ineptitud o por habilidad en el engaño (quizás muchos no lo notan), Sevilla deja fuera de su análisis un elemento esencial: las preferencias de las personas. Las divisiones del trabajo no se basan sólo en diferentes capacidades; también cuentan las distintas valoraciones subjetivas y relativas. Aunque seas muy bueno para algo, quizás no lo hagas si no te gusta, o si hay algo que te gusta más y es incompatible con lo primero.

Sus suposiciones de partida están mal por ser fundamentalmente incompletas. Asume que son discutibles pero no se molesta en explicar por qué; y asegura que existen múltiples contraejemplos pero no ofrece ninguno.

Aunque muchas diferencias en habilidades profesionales pueden haberse reducido en el mundo moderno, es posible que los mecanismos psicológicos que explican las diferentes preferencias entre hombre y mujeres no hayan cambiado tanto. Para los seres vivos la reproducción es algo tan esencial y con una división del trabajo tan clara entre sexos, que los cambios en el ámbito laboral pueden ser insuficientes como para compensar la constancia y la intensidad de las preferencias respecto al cuidado del hogar y la familia.

Con ello estaríamos perdiendo, como sociedad, a la mitad de nuestro talento, cuando el discurso hegemónico es que vivimos en una sociedad de conocimiento donde nada es más productivo que el capital humano del que las mujeres representan el 50%. Y lo estaríamos perdiendo por un prejuicio que blinda en una estructura laboral y social pensada para los hombres (es decir, para que haya alguien, casualmente la mujer, en casa ocupándose de otras tareas) pero ligado a la defensa de una cuota masculina mayoritaria hoy en los niveles de dirección y toma de decisiones de las empresas y de la sociedad. El resultado de esta discriminación es que no nos dirigen los mejores, sino sólo los mejores entre los hombres.

El análisis colectivista típico analiza (mal) lo que gana o pierde la sociedad y pretende falazmente hablar en su nombre: no parece importarle lo que ganan o pierden los individuos concretos.

Toda elección económica implica costes de oportunidad: si una mujer quiere dedicar más tiempo a su familia, eso implica dedicar menos al trabajo. El talento no se pierde, se distribuye. Podríamos hacer un análisis semejante en el cual defendiéramos que para igualar la distribución por sexos del trabajo los hombres trabajen menos (sin que las mujeres lo hagan más) y se dediquen más a la familia: así además reducimos la división social del trabajo y volvemos hacia la familia como unidad de producción y consumo.

No hay ninguna cuota masculina obligatoria, ni yo conozco a nadie que defienda que la haya. Es bastante desvergonzado defender la imposición de cuotas femeninas sugiriendo que existen ahora cuotas masculinas obligatorias.

No “nos” dirigen hombres o mujeres. Empresas concretas, con accionistas identificados que no coinciden con todo el mundo, deciden quiénes las dirigen: normalmente los mejor capacitados y dispuestos a los sacrificios necesarios; como estos sacrificios implican un coste familiar importante, las mujeres no suelen querer hacerlo. Simplemente prefieren otra cosa.

Y eso que prefieren es lo que hacen, y además son mejores para ello: tener hijos (es difícil para un hombre quedarse embarazado), criarlos y cuidar del hogar, del cual son referencia esencial.

Resulta gracioso observar cómo quienes a menudo critican el excesivo economicismo del mundo moderno parecen pretender que las mujeres se dediquen más al mundo de los intercambios laborales productivos impersonales en detrimento del ámbito familiar, más personal, emocional y compartido.

La pérdida económica que representa esta mala asignación de recursos humanos es difícil de calcular. Pero debemos ponerla encima de la mesa junto a la defensa de los derechos de igualdad y a una verdadera libertad de elección que, si existiera, llevaría a que estadísticamente, hoy, se repartieran por igual las tareas laborales, políticas y domésticas entre hombre y mujeres, poniendo, de verdad, a los mejores allá donde libremente eligieran estar.

A Jordi Sevilla, que sigue demostrando su ignorancia sobre estadística, no le gusta la asignación de los recursos: pero en ver de decirlo honestamente, nos asegura que es “mala”. Es un hecho objetivo, no puede haber valoraciones diferentes ¿no?

Ya que estamos con la sacrosanta igualdad ¿se garantizará también que los hombres que lo reclamen puedan quedarse embarazados y parir hijos? Tal vez no, porque entonces dejarán de trabajar y de ser “productivos” para la sociedad…

Lo de elegir libremente dónde uno quiere estar ¿implica limitar la libertad de otros para decidir si ellos quieren o no estar contigo? Porque en eso consisten las cuotas. ¿O es que Sevilla no se ha dado cuenta de este hecho? ¿Es la libertad de todos o sólo la de unos cuantos lo que se defiende aquí?

[…] tendremos que reconocer que si en 1974 una mujer no podía en España abrir una cuenta bancaria sin autorización de un hombre, padre o marido y hoy la realidad es otra, no se debe sólo a un cambio cultural, sino a un cambio drástico en las leyes que lo regulaban.

Pero esos cambios en las leyes han sido para hacer que la ley sea igual para hombres y mujeres, para eliminar discriminaciones legales responsabilidad del Estado, no para privilegiar a algunas mujeres a costa de todos los demás.

Esperar, pues, no parece una solución aceptable. Pero tampoco lo está siendo el dejarlo en manos de los hombres que, de forma voluntaria, deben decidir, de acuerdo con las recomendaciones de los Códigos de Buen Gobierno o de Leyes de Igualdad, ceder parcelas de lo que hoy es su poder a mujeres, aunque estén sobradamente preparadas.

Sevilla está impaciente, no quiere esperar: así que esperar parece “inaceptable”, o sea que nadie puede aceptarlo.

Los consejos de administración tal vez estén dominados por hombres: pero esos plutócratas no es que no quieran ceder cuotas de poder a mujeres, es que quizás no quieren cedérselo tampoco… a otros hombres.

¿Y quién manda sobre esos consejos de administración? ¿También hay discriminación a la hora de hacerse accionista? ¿Las mujeres tienen alguna barrera legal o cultural a la hora de comprar participaciones de empresas? ¿O para montar empresas donde demuestren la gran aportación que pueden hacer al contar con más mujeres?

Llegados a este punto, sólo nos quedan dos reflexiones para la acción: las dichosas cuotas y cambiar las reglas de juego. Respecto a lo primero, que está siendo impulsado por la Comisión Europea en base a una Recomendación aprobada esta misma semana por el Parlamento Europeo, me quedo con lo que dijo una Comisaria: no me gustan las cuotas, pero me gusta lo que se consigue con ellas. Lo segundo es más importante: no creo que debamos incorporar a las mujeres a un edificio laboral y social construido por hombres sobre la base de una vieja división del trabajo por género, hoy insostenible, sino invitarlas a propiciar juntos una verdadera transformación del mismo. Cambiando las reglas con que lo organizamos, introduciendo la conciliación entre vida laboral y personal para que si alguien tiene que escoger, en algún momento de su carrera, entre su trabajo, o su hijo, no esté predeterminado que la respuesta masculina será siempre el trabajo y la femenina, casi siempre el hijo. Lo dicho, la mitad de todo. Es lo justo y lo más productivo.

Por fin algo de sinceridad: esto es en esencia una cuestión de gustos, y hay gente sin demasiados escrúpulos morales dispuesta a imponer sus gustos coactivamente contra los demás. Estos mismos sujetos pretenden determinar, desde su autoproclamda superioridad moral y su postura políticamente correcta, lo que es justo. Y desde su falta de conocimientos de economía, lo que es más productivo.


Jordi Sevilla y los impuestos

20/09/2009

Jordi Sevilla quiere participar en “El debate de los impuestos”.

Los impuestos cristalizan las diferentes ideas sobre la justicia social y la naturaleza de los vínculos que nos unen.

Efectivamente los impuestos tienen mucho que ver con ese engendro vacío que es la justicia social; con lo que no tienen relación es con la justicia, donde no cabe eso de votar para quitar a unos lo que es legítimamente suyo y dar a otros lo que no es suyo. Los impuestos tienen que ver con los vínculos que nos unen de forma coactiva e involuntaria: esa es su poco ilustre naturaleza.

El acuerdo mínimo está en la Constitución, que dice que todos los españoles (incluso ésos que parecen preferir dar su sangre por la patria antes que su dinero) tienen el derecho y el deber de contribuir a las cargas generales del Estado, en función de su capacidad de pago. Es decir, tenemos la obligación constitucional no sólo de pagar impuestos, sino también de hacerlo de una cierta manera. Por tanto, quienes piensan que el mejor impuesto es el que no existe (no digamos el que no se paga), atentan contra esa Constitución que dicen defender.

La Constitución es obviamente muy mejorable. Algunos pensamos que el mejor impuesto es el que no existe y no la defendemos. Otros tal vez son patriotas dados al heroísmo militar pero hartos de que les roben, sobre todo un gobierno socialista. Pero lo que dice la ley suprema (no precisamente por su calidad) respecto a los impuestos en su sección segunda (De los derechos y deberes de los ciudadanos) es:

Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

O sea que los españoles tienen el deber de pagar impuestos, no el derecho de hacerlo que queda bastante ridículo: puede usted elegir (derecho negativo) o exigir (derecho positivo) hacer algo que es obligatorio. La misma tontería del derecho y el deber de defender España. Queda especialmente gracioso que se describa un sistema progresivo como justo: ¿dónde quedó aquello de dar a cada uno lo suyo?

Además la Constitución no habla simplemente de capacidad de pago, que podría darse con impuestos proporcionales, sino que exige progresividad.

Según Sevilla los impuestos “son el fundamento de los derechos (libertad)”. Es difícil que basen tu libertad en quitarte tu propiedad, el ámbito donde se supone que ejerces esa libertad. Pero es que como socialista le encanta pervertir el lenguaje y hablar de libertad cuando quiere decir poder y riqueza.

Además los impuestos son “solidarios (igualdad), y exigir impuestos obligatorios en democracia fortalece la cohesión nacional (fraternidad)”. Sólo entiende la solidaridad como algo forzado, coactivo, centralizado; quizás es que practica poco la solidaridad individual, voluntaria, libre. Y cree que la fraternidad se consigue burocratizando la sociedad y haciéndola dependiente del Estado. La cohesión social mediante cuerdas que nos atan unos a otros en contra de la libre voluntad de alguna de las partes lo que contribuye es al resentimiento y al rencor social: es la cohesión de las piedras y otros objetos inertes.

El impacto de los impuestos sobre la conducta y las decisiones de los ciudadanos y empresas es objeto de amplia discusión entre los expertos, sin que un consenso basado en evidencias empíricas concluyentes haya sido posible hasta la fecha. Mi impresión, no obstante, es que para que una medida tributaria tenga impacto modificando alguna conducta o decisión tomada, debe ser de gran magnitud y persistencia.

Claro, y la revolución marginalista no sucedió o Sevilla no fue ese día a clase en Económicas. La curva de Laffer es ciencia ficción para este ilustre genio (asegura que se trata de una “pirueta académica”), o tal vez con su corta vista de luces largas él la ve como una función salto discontinua.

Resulta difícil defender que alguien se haya comprado una vivienda, o haya efectuado determinada inversión o contratación, gracias a la existencia de una ayuda fiscal. Antes bien, se toma la decisión por otras razones y luego, intentamos optimizarla aprovechando el catálogo disponible de beneficios tributarios. Así, se abarata el coste de ciertas decisiones, pero difícilmente podremos inducirla.

La diferencia entre comprar y alquilar vivienda a menudo se debe a razones fiscales. La inversión en planes de pensiones, que básicamente son fondos de inversión con restricciones legales, depende fuertemente de su trato fiscal. Si cree que los inversores extranjeros no consideran la fiscalidad de sus inversiones está en la más completa inopia.

Con todo, el debate menos frecuente y más interesante es, sin duda, el de la legitimidad.

Será el debate menos frecuente en su ámbito socialista, donde la coacción se acepta con total naturalidad.

El Estado extrae recursos a los ciudadanos de manera obligatoria para atender necesidades sociales. En democracia, para poder hacerlo de manera legítima tiene que atender a tres principios: que todos paguen, que lo hagan en función de sus posibilidades y que se demuestre que esos recursos se gastan bien, en políticas conocidas y eficaces que consiguen los fines previstos y anunciados.

El Estado confisca riqueza para atender necesidades estatales, sobrevivir como parásito sobre la sociedad y crecer todo lo que pueda. La legitimidad podría ser también que nadie pagara impuestos (igualdad) y que todos los servicios se financiaran mediante cuotas por uso o disfrute (justicia). Un impuesto legítimo podría ser una cantidad fija para cada ciudadano independiente de sus ingresos o riqueza. Pretender que los impuestos se gastan bien es política ficción, salvo para los que los reciben, que les hace muy felices.


Jordi Sevilla y el capitalismo

14/09/2009

Según Jordi Sevilla, la presunta sensatez económica dentro del PSOE, “La teoría marxista de las crisis económicas” es “una de las más sólidas explicaciones de este fenómeno recurrente”. Seguro: con eso de la apropiación de la plusvalía, el empobrecimiento progresivo del proletariado, la disminución de los rendimientos del capital y todas las demás memeces marxistas.

La Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado estuvo a punto de ser esa crisis final que se llevara por delante un capitalismo asediado no sólo por sus problemas internos y la presión de una lucha de clases evidente, sino también por la presión externa que representaba un sistema comunista recién implantado en Rusia que, todavía en sus albores, tenía gran poder de atracción. Tan grave fue la cosa que en esa convulsión social y política se encuentra el origen de los fascismos y nazismos y con ellos la antesala de la Segunda Guerra Mundial. El keynesianismo, por tanto, con un profundo cambio de las reglas de juego que legitimaba la intervención pública, no fue la principal consecuencia institucional de la Gran Depresión, aunque sí la más duradera.

La Gran Depresión no la generó el capitalismo sino la intervención estatal: manipulación monetaria y crediticia por la banca central, proteccionismo y barreras comerciales, diversas coacciones legales contra los empresarios, regulaciones que impedían ajustes de precios… El keynesianismo, un revoltijo de múltiples falacias, no legitimó la intervención pública sino que fue una fachada intelectual utilizada por los intervencionistas para engañar a los ignorantes de ayer y hoy.

Sevilla tiene un serio problema semántico, como muchas otras personas, cuando hablar del “capitalismo actual” como si el sistema socioeconómico del presente mereciera ese nombre cuando en realidad se trata de socialdemocracia, es decir de socialismo democrático, de ingeniería social parcial y redistribución masiva de riqueza. El capitalismo significa libre mercado y derechos de propiedad (sobre bienes de consumo y de capital), lo cual está muy lejos de la realidad actual. Pero no importa, parece que todo lo que no sea comunismo puro son variantes menores del capitalismo: el sistema se transforma negándolo pero seguimos usando el mismo nombre para criticarlo a gusto.

Presuntamente en Europa “el consenso socialdemócrata … estabilizó las fluctuaciones cíclicas y produjo una larga etapa de crecimiento y bienestar”. O sea que como Europa era (y es) una socialdemocracia, debe ser eso lo que estabiliza y produce prosperidad. Si no se sabe apenas nada de economía uno podría hasta creérselo, aunque no nos cuenten cuáles son los mecanismos causales. Que nadie se atreva a plantearse que la prosperidad se obtiene a pesar de la socialdemocracia.

La actual Gran Recesión estuvo a punto de convertirse en la crisis final del neocapitalismo el día que se dejó quebrar a Lehman Brothers. En las últimas décadas, el reconocimiento de que también existen los fallos del Estado justificó que los mercados financieros internacionales, un segmento de la economía muy activo y creciente, se construyera, en muchos aspectos importantes, al margen de la regulación, el control y la supervisión estatal.

Ahora resulta que tenemos “neocapitalismo”, qué original. Fíjense cómo los fallos del Estado existen “también”, o sea que son un detalle añadido, que lo que principal son los fallos del mercado. Es cierto que algunas partes de los mercados financieros estaban parcialmente no regulados: pero convendría recordar que la esencia del sistema está controlada directamente por el Estado mediante la emisión de moneda de curso legal, la cartelización bancaria y las múltiples regulaciones que sí existen sobre las operaciones financieras.

La desregulación, el Estado mínimo y la presunción de que los mercados libres se autorregulan son presupuestos del modelo que entró en crisis hace casi 100 años.

Como no tiene ni idea de lo que habla es difícil que comprenda qué es la autorregulación, el orden emergente espontáneo, la capacidad adaptativa de los sistemas complejos. Lo de “hace casi cien años” refleja que o es muy malo con los números o utiliza referencias históricas poco claras. La mención al Estado mínimo también es muy graciosa.

Cuando surgieron los primeros problemas con las subprime, se produjo una respuesta que combinó en distintas dosis los siguientes elementos: sorpresa, incredulidad, sensación de inmunidad, confianza en que el problema estaba acotado sin saltar a la economía real y que los daños serían mínimos y controlables. Es el tiempo en que se oyen con fuerza voces que reclaman aplicar soluciones de mercado a la crisis. Soluciones que reforzarían la ofensiva liberal para despojar al capitalismo de aquellas reformas intervencionistas de las que se dotó hace décadas como respuesta a la Gran Depresión y soluciones que, básicamente, consistirían en dejar que el mercado se ajuste libremente, y si alguien tiene que quebrar, que lo haga, porque ello depura y fortalece el sistema.

¿El capitalismo se dotó a sí mismo de reformas intervencionistas? Eso sería regulación espontánea pero no es historia ni teoría científica sino pura ficción: los políticos, agentes extraños y nocivos para un mercado libre, impusieron de forma coactiva reformas destructivas.

Es verdad que la Reserva Federal intentó encontrar compradores para Lehman. De nuevo una solución de mercado.

¿Es una solución de mercado que un organismo semiestatal (y con la parte privada cartelizada) busque compradores para una empresa? ¡Qué mercado tan curioso! Libre, más bien poco.

Pero cuando decidió dejarlo caer, en aplicación de sus principios liberales y convencidos de que la crisis estaba acotada, la cosa se les fue de las manos mostrando, una vez más y como ante la Gran Depresión, las debilidades de un sistema capitalista puro de mercado en un contexto tan interrelacionado. La quiebra de un banco como Lehman amenazó con arrastrar a otros muchos en medio de una profunda crisis de confianza (en los períodos excepcionales, el comportamiento humano no es racional como predican los manuales para situaciones normales, por eso existen burbujas especulativas y crisis económicas profundas) que pudo llevarse por delante al conjunto del sistema. Así, la quiebra de Lehman evidenció los límites del libre mercado y los riesgos sistémicos para el propio capitalismo de aplicar a las crisis soluciones de capitalismo puro.

Para un socialista la ineptitud respecto a la ciencia económica se da por supuesta. En cuanto hay algo de libertad ya asumen que se trata de capitalismo puro, ignorando todas las partes del sistema que están intervenidas o controladas por el Estado: como por ejemplo la banca, que no es en absoluto libre.

Sevilla es así el típico necio que quiere ayudarte y controlarte por tu propio bien. Se siente responsable y sensato evitando que el capitalismo se autodestruya. Qué amable.

A partir de esa evidencia, se puso en marcha la mayor operación de la Historia de apoyo público a la banca y a la economía. Ya no se deja caer a ninguna entidad financiera grande con el curioso argumento de que algunos son «demasiado importantes para caer» (si es así, deben de ser públicos) y se empieza a hablar de refundaciones del capitalismo y de profundas reformas institucionales. Entre otras, la sumisión de todas las actividades financiera a la regulación y supervisión de los bancos centrales, sin agujeros negros, la supresión de los paraísos fiscales o la revisión del sistema de incentivos para los directivos.

Si algo es demasiado grande para caer y se convierte en entidad pública tardará mucho más en caer pero hará mucho más daño mientras exista. Las cosas demasiado grandes para caer se solucionan eliminándolas cuando aún no lo son, y aclarando que no se va a salvar a nadie con esa excusa.

Se vive ahora un momento en el que parece que, de la mano del G-20, el impulso reformista del capitalismo se vigoriza a semejanza de lo ocurrido tras la Gran Depresión y que vamos a volver a vivir una época de grandes transformaciones sociales impulsadas desde la racionalidad política y económica. Fracasada con Lehman la solución de mercado, entraríamos en la solución de Estado. El problema es que ahora, con la Gran Recesión, no existe ni la presión externa de los modelos alternativos ni la interna de una potente lucha sociopolítica con fines alternativos. Y, sin competencia, parece que los anhelos reformistas están languideciendo.

Racionalidad y política son básicamente antónimos, como demuestra este político (ahora ex) que de razonar sabe más bien poco. Resulta curioso que considere positivo que existan modelos alternativos (como los comunistas en todas sus variantes) para tomar partes de ellos: los seres humanos que sufran bajo esos sistemas destructivos no parecen ser tenidos en cuenta.

Obama ha aprobado una reforma del sistema normativo para las entidades financieras, pero se está quedando varado ante la reforma sanitaria. La UE ha hecho cambios relevantes sólo perceptibles por los expertos. Y el G-20, que celebrará otra reunión en breve, se atasca con las reformas sistémicas ante la perdida de fuerza transformadora conforme pasa lo peor de la crisis. Con ello, la alternativa político-estatal también está mostrando sus limitaciones. Si es así, estaremos incubando ya la próxima burbuja con su crisis correspondiente, porque, a estas alturas, me temo que ya sabemos que esta vez el mundo no va a cambiar de base. Aunque debiera.

Claro que “debería” cambiar de base: hacia un sistema libre, el que Sevilla despacha tan deprisa con sus pocas luces, que él sigue pretendiendo largas.


Jordi Sevilla ni sabe ni aprende economía

04/02/2009

Artículo en Instituto Juan de Mariana.

Se suponía que Jordi Sevilla iba a enseñarle economía a ZP en un par de tardes, pero resulta difícil enseñar lo que no se sabe. El socialismo es un grave error intelectual, y a los socialistas se les nota su incompetencia intelectual, por mucho que pretendan ofrecer “lecciones marginales de esta crisis”.

Sevilla ve al Gobierno como un fontanero que refuerza las mamparas que impiden que el barco de la economía termine de hundirse en la catástrofe de la crisis. Como él es parte del Gobierno, tal vez tiene un pequeño problema de falta de objetividad y le cuesta ver al Estado como lo que realmente es, el causante último de la crisis mediante su intervencionismo sobre la moneda y el crédito y su ineficacia e ineficiencia en las labores de regulación.

Asegura que “el Gobierno hace lo que debe, lo que puede, lo que están haciendo el resto de gobiernos”. Todos los políticos demagogos sin escrúpulos aseguran desde su presunta superioridad moral estar cumpliendo con todas sus fuerzas con importantes deberes cuyos detalles no suelen explicar: quizás porque suelen incluir la coacción sistemática contra los ciudadanos, el expolio de sus riquezas y el ejercicio desnudo del poder disfrazado de servicio a la comunidad. Presumir además de hacer lo que hacen todos los demás no suele ser una muestra de perspicacia sino más bien de burricie imitativa incapaz de análisis crítico reflexivo.

No le gustan las propuestas de “austeridad en las cuentas y recorte del gasto público para compensar reducciones impositivas sin disparar la deuda”: qué sorpresa, un político que no acepta reducir el gasto público ni la carga fiscal y a quien no preocupa la deuda nacional; es divertido gastarse el dinero de los demás (no sólo el de los contribuyentes de hoy, si es posible también el de los de mañana). Pretende justificarse intelectualmente asegurando que “es exactamente la política económica que fracasó a comienzos de la depresión de los años 30, quedando desplazada, afortunadamente, por las orientaciones contrarias encabezadas por Roosevelt y Keynes”; si como keynesiano no sabe gran cosa de teoría económica, tampoco puede esperarse que domine algo de historia económica. Al menos tampoco le gusta el “nacionalismo pseudoproteccionista”, ese que propone su compañero socialista Miguel Sebastián.

Los errores de Sevilla no son simples detalles técnicos de la ciencia económica, sino que se refieren a los fundamentos de qué es la sociedad y qué es el Estado. Afirma que “el Estado ni es, ni se comporta, como una familia, ya que la acción colectiva, el todo, es siempre mucho más que la suma de sus partes, especialmente en situaciones de crisis. Y este reconocimiento es lo que pone fin a la ilusión neoliberal de un mercado perfecto que se equilibra sólo a base de sumar comportamientos individuales”.

Efectivamente familia y Estado no son lo mismo ni de lejos, pero la diferencia va completamente en contra de sus tesis socialistas (y es que son tan torpes que usan argumentos que les destrozan intelectualmente, son como niños manejando explosivos). En la familia, que es una organización relativamente simple, los parientes se conocen bastante bien y se preocupan íntimamente unos por otros; en el Estado sus miembros apenas se conocen y no pueden pretender involucrarse emocionalmente todos con todos; los gobernantes no son como padres sabios y preocupados por sus hijos, sino más bien necios arrogantes incapaces de gestionar nada, y menos aún sistemas tan complejos como las sociedades extensas, y a quienes principalmente preocupa permanecer en el poder al coste que sea.

Respecto a la acción colectiva da vergüenza ajena ver a alguien tan poco competente intentar explicar de forma tan chapucera la no linealidad de los sistemas complejos, en los cuales las partes (y los efectos de sus conductas) no simplemente se suman, sino que interaccionan de formas múltiples y producen fenómenos difíciles de comprender, predecir y controlar. El todo no es la suma de las partes, pero eso no implica que tenga que ser más (o mejor): podría ser menos (o peor). Y lo que consigue sistemáticamente la intervención estatal coactiva es que el todo social sea mucho menos que lo que podría ser si pudiera evolucionar y adaptarse libremente.

Convendría que Sevilla ampliara sus lecturas e incluyera no sólo a algunos liberales que hablan de competencia perfecta y estados de equilibrio, sino también a escuelas económicas como la austriaca que tratan los mercados como procesos evolutivos limitados e imperfectos de descubrimiento y adaptación; si además conociera la escuela de la elección pública podría intentar comprender su propia incompetencia como gobernante.

Sevilla quiere que se plantee “un cambio en la actual regulación de la protección por desempleo para… ampliarla”; se cree tan ocurrente que piensa que sus puntos suspensivos pueden haber sorprendido a alguien. Con su paternalismo liberticida no cree que lo más relevante sea cuánto paro va a haber, sino que todos sean dependientes del asistencialismo estatal. Como la interacción entre derecho y economía no es su fuerte (si es que tiene alguno) asegura que “ni el paro ni el empleo se generan de manera endógena desde las reglas del mercado de trabajo”, como si las leyes no influyeran sobre las acciones de empresarios y trabajadores a la hora de contratar o despedir.

Sevilla se plantea “hasta dónde tiene el Estado que ejercer una cierta tarea planificadora, junto al sector privado”, y asegura que “lo público y lo privado se necesitan mutuamente” y que “deberíamos acordar que ni el Estado es el problema, siempre, ni lo privado es la solución, siempre. Que cada uno tiene una importante función que cumplir, que cada uno se necesita porque sus labores son complementarias”. Quizás las funciones del Estado sean proporcionar la penosa legislación que debemos sufrir los ciudadanos y los lamentables servicios de justicia que resuelven tarde y mal. El sector privado no necesita al Estado; pero el Estado no puede sobrevivir sin el sector privado, igual que un parásito improductivo no puede prescindir de sus víctimas.

No ha entendido nada de esta crisis, que según él “ha sido, claramente, una crisis de la ideología de lo privado”; “si algo ha quedado claro en esta crisis es que ni el mercado ni las empresas parecen capaces de autorregularse y mantener el cumplimiento de normas y reglas que no sean impuestas, supervisadas y sancionadas desde fuera por los poderes públicos”. Repetir topicazos no los hace ciertos: el sector financiero está hiperregulado (mal regulado y mal supervisado), y el dinero y el crédito dependen de bancos centrales, que son órganos estatales; y pretender que papá Estado lo está vigilando y garantizando todo (presume de lo que carece) contribuye a destruir los sistemas de mercado de vigilancia y garantías auténticamente funcionales.