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29/04/2011

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25 años de la ley de sanidad, de Ángeles Amador, exministra de Sanidad

Una de las concreciones de una sociedad democrática avanzada es, a partir de que esta ley se apruebe y se ponga en marcha, que todos los ciudadanos de este país tendrán derecho a una sanidad pública.

Hoy todos deberíamos celebrar el 25 aniversario de su promulgación, porque el Sistema Nacional de Salud que la ley creó y que garantiza la protección de la salud de todas las personas, responsabilizando a los poderes públicos de la efectividad de ese derecho constitucionalmente reconocido, debería ser un patrimonio compartido.

La sanidad, una de las más complejas responsabilidades asumidas por el Estado, tiene al menos dos dimensiones básicas: la primera es la garantía de la igualdad sustancial ante la necesidad; la segunda es la regulación de un bien, el acceso a los servicios de salud, que ha escapado a los mecanismos de regulación del mercado.

La sanidad pública es, por tanto, un factor fundamental de cohesión social. Contribuye decisivamente a la reducción de las desigualdades sociales. Genera confianza y seguridad porque ahuyenta el miedo a los imponderables de la enfermedad. Somos más libres cuando sabemos que ante un problema de salud no quedamos abandonados a nuestra suerte. Su rentabilidad social es por tanto muy alta.

Lo que conmemoramos es una gran conquista social porque la desigualdad ante la salud es la más insoportable de las desigualdades. Y por ello conviene alertar sobre los riesgos de algunas propuestas políticas que, lejos de consolidar y mejorar nuestro Sistema Nacional de Salud, lo ponen en riesgo.

Algunas de las amenazas que acechan a nuestro modelo son las desigualdades en el acceso a las prestaciones sanitarias en las distintas comunidades autónomas, las reducciones del presupuesto sanitario, la propuesta de introducir barreras económicas para acceder a los servicios de salud, la transformación del modelo de gestión del servicio público –con consecuencias, en algunos casos, sobre elementos esenciales del propio servicio público porque transfieren responsabilidades a manos privadas– y las demoras y carencias en la atención sanitaria, que vacían de contenido el propio derecho de los ciudadanos a la protección de la salud y llegan a comprometer la vida de los pacientes por falta de medios.

Todos esos riesgos son consecuencia de decisiones políticas que traducen, sin hacerla suficientemente explícita, una concepción distinta de cuáles deben ser las funciones del Estado y qué prioridad debe darse al reconocimiento efectivo de los derechos sociales.

El compromiso del ministro Lluch con la consecución de una sociedad democrática avanzada le costó la vida. Su Ley General de Sanidad ha mejorado la vida de millones de ciudadanos a lo largo de estos 25 años. Y nos permite reconocernos como una sociedad digna de tal nombre en un mundo convulso donde todavía tantos seres humanos están abandonados a su suerte.