El taxi (y los VTC) contra la libertad

11/02/2019

Artículo en Instituto Juan de Mariana.

El servicio del taxi opera con licencias concedidas y precios fijados por los ayuntamientos reguladores. Las licencias no se limitan a certificar unos mínimos de calidad o seguridad en el servicio (funciones que pueden ser proporcionadas sin demasiados problemas por el mercado mediante marcas comerciales o aplicaciones informáticas), sino que están contingentadas de forma arbitraria, seguramente por la presión y el interés de los propios dueños de las licencias, quienes pueden alquilarlas, subcontratar a otros conductores como empleados, o traspasarlas. Sirven como barrera de entrada para restringir la competencia, repartirse entre menos proveedores el negocio y extraer rentas extraordinarias por su posición de monopolio u oligopolio. Por esta razón estas licencias se traspasan de forma opaca en mercados secundarios por grandes cantidades de dinero resultado de estimar el valor presente, descontado por tiempo y riesgos, de estas rentas parasitarias futuras, las obtenidas sobre las que habría en un mercado libre y competitivo.

Dado que los precios del servicio son fijos, que es muy difícil para el consumidor discriminar la calidad del proveedor (estado del vehículo, experiencia del transporte), y que los servicios de transporte público (metro, autobús) son sustitutos imperfectos diferentes, los taxistas no necesitan esforzarse para competir e innovar. Hacen lo contrario, que es formar un grupo de interés para presionar a los gobernantes y perpetuar o incrementar sus privilegios.

Los perjudicados por esta situación son por un lado todos los usuarios efectivos y potenciales del servicio, por su mayor precio y peor calidad, y por otro lado todos los individuos que deseen y no puedan trabajar en el sector por las liberticidas barreras legales.

Los avances tecnológicos han permitido una alternativa al taxi en la forma de los vehículos con conductor contratados a través de aplicaciones y plataformas informáticas. Sin embargo estos también tienen el problema de la limitación artificial y arbitraria de las licencias, aunque con más libertad de precios y mejores controles de calidad por los propios usuarios.

La solución a esta situación es muy simple: la liberalización total de este sector, con regulaciones no intervencionistas ni centralizadas que surjan espontáneamente mediante los contratos establecidos entre las partes interesadas. El único rol legítimo de los gobernantes es la gestión eficiente del tráfico (fluidez y seguridad) con el uso de las calles y de las plazas de aparcamiento de titularidad pública, y para ello pueden utilizar mecanismos como tasas o peajes, permisos de conducción y sanciones por infracciones del código de la circulación y de las ordenanzas municipales correspondientes; también puede tener sentido reducir al máximo la contaminación provocada por los vehículos de combustión.

En lugar de ir en la buena dirección, los políticos y los poderes públicos en general demuestran ineptitud, incompetencia, desidia, dejación de funciones, talante liberticida o corrupción, cuando mantienen o incluso empeoran el actual sistema. Los taxistas (y también los conductores de VTC) han cortado calles y carreteras, han saboteado diversos eventos y colapsado ciudades, han tomado a los ciudadanos como rehenes, han organizado manifestaciones ilegales, y se les ha permitido hacerlo, no han sido siquiera identificados (algo muy fácil y nada violento) ni denunciados, y apenas se les ha sancionado en unos pocos casos extremos. O las leyes permiten a algunos ciertas cosas por las cuales se multaría a otros, o muchos policías y agentes de tráfico han hecho la vista gorda por iniciativa propia o por órdenes de sus superiores.

Además de la impune apropiación indebida de lo público y de diversas agresiones físicas contra vehículos y personas, los taxistas han hecho múltiples trampas argumentales para intentar defender su patética posición: que si son víctimas con familias a su cargo (como si eso les diera algún derecho especial); que si la venta de su licencia les sirve como pensión de jubilación; que si ellos pagan impuestos aquí, obviando que por su régimen fiscal de módulos las cantidades que pagan son ridículamente bajas; que si la competencia se lleva los beneficios y paga los impuestos en el extranjero, sin distinguir entre las plataformas, los dueños de las licencias y los conductores, y promoviendo un nacionalismo proteccionista rancio e iliberal; que si la competencia es desleal y que ellos son un servicio público y tienen que aguantar múltiples regulaciones, cuando no suelen hacer nada para cambiarlas porque viven muy bien con ellas; que si todo es un ataque del neoliberalismo o el capitalismo salvaje contra la dignidad y la justicia; que debemos unirnos todos y luchar juntos o si no otros sectores serán las siguientes “víctimas” de la tecnología y el mercado libre.

No hay ningún compromiso legal ni ético que obligue a limitar el número de licencias para garantizar unos ingresos o beneficios esperados a sus actuales propietarios, ni para evitarles problemas financieros (a ellos o a sus avalistas) en los casos en que se hayan endeudado para adquirirlas. Naturalmente aquellos que se sientan perjudicados se opondrán a la liberalización por las pérdidas que esta pueda causarles, pero esto no les da derecho a nada.

Se ha planteado la posibilidad de compensar de algún modo a los dueños de licencias, por ejemplo recomprándolas, a costa de nuevas víctimas (contribuyentes, usuarios futuros de servicios de transporte urbano), pero esto es inmoral y además genera precedentes e incentivos perversos. Quienes viven de parasitar a los demás limitando su libertad no tienen derecho a ninguna compensación cuando la situación cambie y terminen sus privilegios. Por el contrario, lo que en justicia deberían hacer es compensar ellos a los ciudadanos por los daños provocados durante el tiempo que los disfrutaron: devolver las cantidades extraordinarias recibidas, más alguna multa por mantener el sistema y por abusar de una posición de privilegio y dominio coactivo. Si no se castiga a quienes perjudican a los demás, si se les permite hacerlo, y si incluso se les recompensa por dejar de hacerlo, el riesgo moral de la mala conducta es elevado.

Los dueños de licencias de taxi y VTC no son los únicos responsables de esta situación: también están los gobernantes que han legislado para permitirla. Ellos también deberían ser sancionados, a título personal y no con cargo a los presupuestos públicos, para resarcir a las víctimas de su intervencionismo coactivo. Si se excusan en que son líderes democráticos, que identifiquen a sus votantes y que también se les exijan responsabilidades a ellos por apoyar medidas liberticidas. Esta exigencia ética de compensaciones a quienes se aprovechan de la ley para vivir a costa de los demás puede servir como ejemplo y por justicia debe extenderse a otros sectores con situaciones semejantes: farmacias, notarías, registros de la propiedad, etc.

Los seres humanos han utilizado diversas formas más o menos violentas y graves de vivir a costa de los demás: desde el canibalismo o la esclavitud hasta las subvenciones, las regulaciones intervencionistas y el proteccionismo. Algunas de estas actividades ahora parecen horribles e inaceptables mientras que otras se toleran, tal vez porque son menos notorias y porque están camufladas junto a la prestación de un servicio que al menos uno puede libremente evitar como consumidor. Si los esclavistas no pagaron compensaciones y si los esclavos o sus descendientes no fueron compensados, será difícil que los privilegiados de hoy paguen a las víctimas actuales.