Economista o moralista: pensiones

27/05/2014

Juan F. Jimeno, en “¿Qué será de mi pensión?”: Recomendación de lectura para jubilados y los que aspiran a serlo afirma:

El sistema público de pensiones de reparto, basado en un pacto intergeneracional por el cual la población en edad de trabajar provee, conjunta y solidariamente, de pensiones vitalicias a la generación anterior, constituye un avance social muy importante sobre la situación previa en la que el soporte de la renta durante la vejez dependía exclusivamente de vínculos familiares. Por tanto, debe mantenerse y consolidarse.

Este párrafo incluye una descripción problemática, una valoración subjetiva camuflada como un hecho objetivo irrefutable, y una conclusión normativa infundada.

La descripción:

El sistema público de pensiones de reparto, basado en un pacto intergeneracional por el cual la población en edad de trabajar provee, conjunta y solidariamente, de pensiones vitalicias a la generación anterior…

No aclara cómo cada individuo decide o no participar en ese pacto, si es por consentimiento explícito o tácito; tampoco especifica los contenidos de ese presunto pacto; ni se aclara cuál es la edad de trabajar; si son las generaciones como entes colectivos los que pactan, cómo se definen y quién los representa. Ni siquiera se menciona cuál es la población afectada, si se refiere a la de un municipio, región, país o ente supranacional. Se olvida mencionar que esa presunta solidaridad, algo que suena muy bien, en realidad es redistribución coactiva de riqueza.

La valoración:

… constituye un avance social muy importante sobre la situación previa en la que el soporte de la renta durante la vejez dependía exclusivamente de vínculos familiares.

Se trata de una afirmación hecha básicamente por la cara a ver si cuela. Y el problema es que normalmente cuela. O tal vez sea simplemente fruto de la falta de reflexión o de la comprensión de las valoraciones humanas como algo subjetivo. “Avance” y “social” son términos que suenan muy bien y a los cuales resulta difícil oponerse. Además se trata de un avance social muy importante, no uno cualquiera. El autor parece no atreverse a decir que simplemente él lo prefiere así, y tal vez otros también. La descripción de la situación previa es incorrecta: no se trata de que dependiera exclusivamente de vínculos familiares; uno podía ahorrar para sí mismo sin necesidad de recurrir a sus hijos y también podía solicitar ayuda a personas que no fueran miembros de la familia; pero lo esencial es que se trataba de relaciones voluntarias, en algunos casos informales y en otros casos mediante contratos libremente pactados por cada individuo.

La conclusión normativa:

Por tanto, debe mantenerse y consolidarse.

“Por tanto” indica que el autor cree estar siendo lógico y riguroso o quiere parecerlo. El “debe” indica una orden o una norma que ha de cumplirse. No se trata de un deber técnico o condicionado a algo previo: no se dice que se mantenga si se considera valioso. Como es valioso y punto y no se puede dudar de ello, el sistema debe mantenerse y reforzarse, es un imperativo categórico: como mucho puede reformarse de forma marginal, pero no conviene considerar alternativas, como la capitalización individual, que al parecer no son relevantes para este análisis.

Se supone que la economía es una ciencia positiva, libre de juicios de valor personales, que supera la moralina normativa. Pero quizás no sea cierto.


Vicenç Navarro y las pensiones

08/05/2009

Según Vicenç Navarro, diversas declaraciones sobre la insostenibilidad del sistema público de pensiones están “contribuyendo a crear una ansiedad en la población basada en el temor de que habrá recortes significativos de las pensiones”. Pobrecita población ansiosa y temerosa. Mejor ignorar la realidad, creer que no pasa nada, y esperar la bofetada en el futuro.

Además “la banca y las cajas están también promocionando esta ansiedad, pues quieren que la población vaya corriendo a aquellas instituciones para comprarse seguros de pensiones privados que sustituyan o complementen las pensiones públicas”. Qué malas son las aseguradoras que nos recuerdan que los desastres pueden ocurrir; qué malos los que nos incitan a ahorrar para el futuro y se ofrecen como intermediarios o asesores.

“Los argumentos que se utilizan para cuestionar la viabilidad de las pensiones, sin embargo, no tienen peso.” Esto ya son palabras mayores, que conviene atender al proceder de una lumbrera como Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y ex catedrático de Economía de la Universidad de Barcelona (toda la vida de funcionario, qué curioso que defienda siempre el gasto público). Es un “intelectual” de idea única: el gasto público nunca es suficiente.

Su “argumento” se basa en recordar que seremos más ricos en el futuro, así que nos podremos permitir más gasto en pensiones incluso sin olvidar otros servicios públicos. Además recomienda que trabaje más gente, en especial las mujeres, para lo cual propone más gasto estatal en conciliación laboral. Y además si hace falta las pensiones pueden financiarse no mediante cotizaciones sociales, sino mediante impuestos, porque según él son muy populares, “con lo cual el que fueran o no viables no es una cuestión económica sino política”. En todo su análisis la libertad individual brilla por su ausencia. Todo se hace colectivamente y de forma coactiva, se quita a unos para dar a otros sin ningún tipo de escrúpulo moral, y no se trata de ser productivos y responsables sino de hacer lo popular, lo que diga la mayoría. Los parásitos votan, los parasitados que se fastidien.

Navarro dice algo inteligente respecto a que los pobres tienden a vivir menos que los ricos, pero añade: “pedirle a las clases populares que trabajen todavía dos años más (algunos incluso piden cinco años más) para pagar las pensiones de las personas de rentas superiores que vivirán muchos años más es una enorme injusticia”. El problema es que su noción de “injusticia” se la saca del sombrero de la arbitrariedad. Se ha perdido la noción de justicia como igualdad ante la ley, y se ha sustituido por la de igualdad mediante la ley, de modo que las leyes privilegian a unos frente a otros y se considera injusto que los ricos no ayuden a los pobres. Que los pobres ayuden a los ricos es simétrico pero parece el colmo del escándalo.