Félix Ovejero contra el mercado libre

07/03/2012

Félix Ovejero Lucas es profesor de Economía de la Universidad de Barcelona. Asegura que

… resulta difícil entender la cantinela de la incondicional eficiencia privada y los despilfarros de los gobiernos.

A mí no me resulta nada difícil entender que a él algo le resulte difícil de entender: hay quien lo intenta pero no da más de sí. El problema es que pretende enseñar: no es su problema, claro, más bien de sus alumnos.

La eficiencia privada, por si no se ha enterado, no es incondicional: depende de que exista un marco institucional de mercado libre, lo que no es el caso. En estas condiciones hay una tendencia hacia la mayor eficiencia: no hay garantías porque los agentes económicos no son omniscientes ni omnipotentes y pueden equivocarse. Los gobiernos tienden a equivocarse mucho más por problemas de falta de capacidad de obtención, procesamiento y uso de información, y por problemas de incentivos inadecuados.

Para los fundamentalistas del mercado desregulado como si llueve. Según ellos, el mercado, cuando se respetan los acuerdos libremente aceptados, garantiza que cada cual cargue con las consecuencias de sus —buenas o malas— acciones. Vamos, que el que la hace la paga y además, en sus justas dosis, en proporción a sus aciertos o desatinos. No sólo eso, además, el mercado, sin intromisiones institucionales, asegura la prosperidad. Mejor imposible. Mérito y bienestar, justicia y eficiencia. Con estos mimbres los conservadores amueblan su andamio retórico y sus muchachos se pasean por las radios.

¿Lo han notado? Ha pasado de describir el mercado libre a asumir que sus defensores son… los conservadores: a veces es así, pero no siempre. Conservador y liberal no son lo mismo. No todos tienen fundamentos a la hora de defender la libertad.

¿Perdón, qué? Vaya, que lo de fundamentalista de mercado no es un elogio… Que es como ser talibán, rígido, cerril… Pues puede ser.

Un relato que la crisis ha revelado lleno de costurones. Ni uno de sus principios se ha mantenido.

Como no sabe gran cosa ni de teoría económica general ni de esta crisis en particular, como tantos otros, llega a la falaz conclusión de que ni un solo principio del mercado libre se ha mantenido.

Los ciudadanos hemos visto violados acuerdos fundamentales a pesar de cumplir con nuestra parte: empresas y hogares solventes que, sin haberse enredado en apuestas arriesgadas, han encontrado cerradas sus fuentes de financiación…

En un mercado libre nadie obliga a un banco o a cualquier otro potencial prestamista a financiar a otro, aunque sea solvente: no existe un derecho a exigir financiación. No hay aquí ninguna violación de ningún acuerdo. Además quizás no haya tantas empresas y hogares solventes como él cree: si los encuentra, aproveche y obtenga buenos rendimientos de su capital disponible. El que no quiera tener problemas financieros, que se garantice financiación a largo plazo (es más cara, claro) y que no cuente con que siempre le renovarán las líneas de crédito.

… trabajadores a los que se les modifican las condiciones laborales (indemnizaciones por despido, calendario laboral, cotizaciones sociales de los empresarios) pactadas en complicadas negociaciones y, en muchos casos, convertidas en derechos…

Esas condiciones laborales no fueron pactadas libremente sino bajo coacción estatal, que prohíbe según qué condiciones aunque las partes las deseen. Además nadie ha garantizado jamás que el marco legal general sea inmutable: si fuera así ¿para qué hay cámaras legislativas?

… votantes que ven como se desmantela un Estado del bienestar que los partidos se comprometieron a sostener…

¿A qué viene mencionar un rasgo típico de la política, como es el incumplimiento de las promesas electorales, en una lista de violaciones de los principios del mercado libre?

… empleados públicos a quienes se reprocha su estabilidad laboral, algo que estaba en el acuerdo inicial que establecieron cuando optaron a sus puestos.

Un reproche no parece una gravísima agresión, pero de todos modos lo que se les critica a los empleados públicos es su baja productividad generalizada: que en el fondo tiene que con ver su estabilidad laboral, claro; el puesto de trabajo seguro, la no dependencia de la satisfacción de los consumidores, la burocratización, ya se sabe, llevan a estas cosas.

Tampoco se ha cumplido el principio de que “quien la hace, la paga”. Ni los bancos cargaban con el riesgo de las hipotecas ni los intermediarios financieros tenían que degustar el veneno de las titulaciones que inyectaban en las venas del sistema financiero. La supuesta relación entre las acciones y la (justa) retribución quedaba en nada cuando las agencias de calificación, contratadas por las propias entidades que evaluaban, sabían que si hacían debidamente su trabajo, lo perderían, que su mejor modo de conservar el negocio era callarse, o cuando los sistemas de las bonificaciones e incentivos alentaban en los empleados de los bancos de inversión o de gestión de fondos una apuestas temerarias a corto plazo con las que ellos ganaban un fortuna, despreocupándose por los intereses de sus clientes y hasta de sus empresas.

Si ese principio no se ha cumplido ha sido por el intervencionismo estatal, que agrava problemas como la relación entre el principal y el agente y las dificultades de las calificaciones crediticias.

Los mercados están constantemente transfiriendo riesgos entre diferentes agentes, ese hecho no es ninguna sorpresa ni ningún delito: el originador de una hipoteca, o de una titulización hipotecaria, puede vendérsela a un tercero dispuesto a comprarla. Y sí, se llaman titulizaciones, no titulaciones.

Ha sido el Estado quien ha fomentado los incentivos perversos de las agencias de calificación, al nombrar a unas pocas como “oficiales” a la hora de acreditar ciertos productos financieros que debían cumplir algún requisito legal fijado de forma intervencionista.

Las tomas excesivas de riesgos especulativos han sido alentadas por múltiples garantías, explícitas o implícitas, de salvamento estatal.

Con todo, los mayores descosidos los ha experimentado la retórica de la bondad de los resultados, según la cual, la competencia desregulada asegura el bienestar y, de paso, el castigo del mal comportamiento. En realidad, se impuso lo contrario, una penalización de los decentes y una amplificación incontrolada de las patologías. Recuerden cómo se extendió la mancha. Un prestamista sensato en la concesión de hipotecas, al encontrase con que sus competidores capturaban —a más elevados intereses— a los prestatarios que él rechazaba y que, por ello, su cuota de mercado y sus acciones caían, se enfrentaba a un dilema: seguir con la prudencia y desaparecer, o asumir riesgos, como sus rivales. Hasta aquí, el mecanismo de penalización clásico del mercado: el que la hace, la paga. Pero con la desregulación ya nada era igual. Ahora las hipotecas se podían reexpedir a las empresas de Wall Street para su titulación y trasladar los riesgos. Se acabaron los miramientos para conceder préstamos. La temeridad era la única estrategia ante competidores que, aunque no quisieran, recelosos de que se les anticiparan, se comportaban con temeridad. Una historia que se repitió, amplificada, en el siguiente escalón, cuando las empresas de Wall Street ponían en circulación las hipotecas titulizadas. Los primeros aún podían saber alguna cosa acerca de la fiabilidad de los prestamistas; en Wall Street no tenían ni idea. Hasta es posible que pensaran que los otros tenían razones para examinar las hipotecas. Es posible, aunque no es seguro. Después de todo, mediante los famosos CDO, Goldman Sachs apostó en contra —para obtener beneficios en el caso de que quebraran— los valores que recomendaba comprar a sus clientes diciéndoles que eran tan seguros como las letras del Tesoro.

Por mucho que se enrolle con sus presuntos conocimientos de finanzas, que hable a veces de “titulación” ya refleja que habla muy de oídas. Aunque claro, le debe sonar mal “hipotecas tituladas” y acierta con “titulizadas”.

Goldman Sachs no apostó en contra mediante CDOs, sino contra CDOs mediante CDSs (curiosamente y mira por donde, son estos los que estaban menos regulados). Y no es raro que una misma empresa, con múltiples departamentos, venda un producto y su contrario, o que realice una operación y luego se proteja contra su riesgo.

No ha habido en realidad “desregulación”: ha habido reglas inadecuadas establecidas de forma centralizada por los Estados.

Ovejero critica a los que

… no están dispuestos a invertir si no se generan ciertas condiciones de confianza…

Claro, tenemos que exigirles que inviertan pero sin garantías de que les expropiemos su riqueza.

Defiende sin embargo

… a muchos otros no les queda más que salir a la calle para recordar que también tienen intereses, seguramente más justos.

Intereses los tiene todo el mundo, no hace falta que nos lo recuerden. Y todos creen que los suyos son los justos, o incluso los más justos.

Es otra de las lecciones de la crisis, en particular de los altos ejecutivos del sector financiero, quienes, en virtud de su posición de poder —de problemas de agencia y de información asimétrica— con los propietarios, pudieron fijar sus propios salarios, sin que importase “su productividad”.

Los problemas de agencia, ya lo he mencionado antes, son conocidos en la ciencia económica y un mercado libre tiene mecanismos para limitarlos en lo posible. Los propietarios pueden al menos vender sus acciones si algo no les gusta: los ciudadanos tienen más difícil la salida de la asociación política; y no suele haber reparto de dividendos.

Tengo dudas acerca de la eficacia de la reforma laboral…

Pues menos mal que tiene dudas, porque cuando muestra sus certezas…

… quien no esté de acuerdo, quien crea que todo vale, debería reconsiderar la legislación del trabajo infantil.

¿Es que nadie va a pensar en los niños?

Y ya por último: ¿alguien cree que “todo vale”? ¿Son los mismos que no están de acuerdo con el sermón de Ovejero?


Justicia, eficiencia y Estado de bienestar

06/11/2008

Artículo en Instituto Juan de Mariana.

Félix Ovejero y José V. Rodríguez Mora pretenden que la igualdad de oportunidades conseguida mediante la redistribución coactiva de riqueza por el Estado de bienestar es eficaz. Pero va a ser que no. Llaman la atención sobre el hecho de que “cuando llegan las recesiones algunos aprovechan para atizarle al Estado de bienestar”. Pues resulta que algunos otros le atizamos ayer, hoy y mañana, y lo hacemos porque es fraudulento, ineficiente y contrario a principios éticos fundamentales como la libertad (o su contrapartida el derecho de propiedad) y la responsabilidad personales.

Comienzan estos dos profesores criticando la visión anarcoliberal del Estado como “ladrón y prepotente”. Según ellos es “una ingenuidad” porque “el único paisaje sin instituciones, el paisaje natural, si es que algo así tiene sentido, es el que llevaría a que los energúmenos, solos o en bandería, impusiesen su voluntad”. Se trata de argumentos viejos y pobres. Confunden las instituciones, que surgen espontáneamente de la sociedad (lenguaje, derecho, dinero) con el Estado (la sistematización monopolística de la violencia). Y asumen que sólo hay dos opciones: o individuos sueltos, desorganizados y sometidos por un lado; o estados que garanticen la defensa contra los “energúmenos” por otro. Lo cierto es que una asociación defensiva que se construya desde abajo mediante contratos libremente pactados de forma voluntaria e individual es muy diferente de una entidad estatal que reclama para sí misma el poder final sobre un territorio y unos súbditos, y que o resulta ineficiente en sus tareas o incluso suele estar controlada por esos mismos “energúmenos” a quienes dice combatir.

Y es que “la compleja trama que garantiza las transacciones y los derechos en el mercado” no es lo mismo que un Estado, y a menudo son opuestos: existe ley sin Estado (véase la historia de la ley mercantil, por ejemplo), y no hay que buscar mucho para encontrar las abundantes agresiones legislativas de los gobiernos contra el auténtico derecho. Los intercambios, los derechos de propiedad y la libertad misma resultan perfectamente imaginables sin intromisiones públicas estatales.

Estos autores ponen un ejemplo de justificación del Estado que en realidad sólo refleja que el derecho de propiedad (en este caso sobre el propio cuerpo) es inviolable y legitima represalias contra los agresores: “una trama que en ningún caso nos permite hacer lo que queramos con lo nuestro, como lo puede comprobar cualquiera que intente alojar su cuchillo jamonero (incluso el legítimamente adquirido) en el espinazo de algún conciudadano”. En lugar de hacer la triste gracieta de referirse a la legítima posesión del arma del crimen, quizás podrían también aclarar qué pasa con los no conciudadanos, dónde empieza y dónde acaba un Estado y por qué: ese es un problema más profundo que quizás no han podido o querido ver.

Tras tropezar torpemente en su defensa del estado mínimo no dudan en enredarse aún más intentando agrandarlo. Según ellos no hay dilema entre eficiencia (se hacen un lío y en ocasiones la llaman eficacia) y equidad, porque se puede y se debe conseguir la igualdad sin renunciar a bienestar material. Para defenderse de las críticas liberales a la redistribución estatal construyen un fantasioso hombre de paja: “Esta cosmovisión entiende la vida como la ascensión a una montaña y la eficiencia como el tiempo empleado. El Estado, en su afán igualador, establecería unas reglas absurdas: lastrar a los veloces y librar de peso a los lentos. Con tales incentivos nadie daría un palo al agua”.

En primer lugar, las leyes económicas son de tendencia: si se castigan los esfuerzos, la gente se esforzará menos (que no es lo mismo que no hacer nada en absoluto). Pero el error más importante es lo que falta en su irreal modelo: en el mercado libre los participantes no trepan ignorándose unos a otros, sino que cooperan constantemente en su progresión, de modo que los que son más ricos lo logran sirviendo adecuadamente a los demás.

No se trata de que “el coste de la igualdad es demasiado alto”. ¿Demasiado alto para quién? A algunos les parecerá inasumible, otros creerán que merece la pena. Claro que “pudiera suceder que muchos individuos, incluso una mayoría, estuviesen mejor si se redistribuye: aun si el pastel resulta más pequeño, muchos pedazos serán más grandes. Se puede juzgar valioso mitigar las disparidades a costa de cierta riqueza”. Efectivamente “no es insensato preferir un Estado redistribuidor”, sobre todo cuando uno está del lado receptor de la redistribución; o si uno es un ingeniero social que desde su presunta superioridad moral no duda en destrozar la libertad y legitimar la violencia para conseguir su sociedad ideal, en la cual se imponen las preferencias de la mayoría pobre subsidiada sobre la minoría rica expoliada.

Naturalmente los seres humanos son diferentes, guste o no, en sus preferencias y sus capacidades, y parte de estas diferencias es heredada por transmisión genética, cultural o patrimonial. Los individuos construyen sus vidas partiendo de situaciones diferentes: al que no le guste puede reclamar a sus progenitores. Es problemático afirmar que “no se elige ser poco productivo”; a veces sí, a veces no, y los incentivos institucionales importan, y mucho.

Cuando se afirma que “no parece decente penalizar por lo que no se es responsable, por el mal fario de venir al mundo en la orilla inconveniente” se está confundiendo “penalizar” (algo negativo) con “no subvencionar” (algo neutro). Y miren qué interesantes son las argumentaciones que se consiguen mediante cambios por simetría: “no parece decente penalizar por lo que no se es responsable, por la buena suerte de venir al mundo en la orilla conveniente”.

Estos dos igualitaristas engañan a saltos: comienzan con que “no es obvio que los costes económicos de la redistribución sean altos”, luego proponen que “el saldo neto es difícil de ponderar, pero resulta improbable que los efectos positivos de la redistribución sean despreciables” y acaban con que “asegurar igualdad de oportunidades no es sólo justo, sino que además es enormemente eficiente”. Así por la cara: primero distorsionan el concepto de justicia para equipararlo a igualdad (incluso hablan de “corregir desigualdades” como si estas fueran un error o imperfección) y luego olvidan explicar por qué si la redistribución es tan fantástica hay que imponerla por la fuerza y no puede uno negarse a participar. De hecho su cuidadoso olvido del análisis de la violencia en la redistribución es tan clamoroso que sólo se refieren a la fuerza para decir que “la debilidad del Estado de bienestar lo único que asegura es la fuerza de los privilegiados”.

Le tienen bastante manía a lo heredado, sobre todo a la riqueza recibida, y nos avisan de que “son cartas ganadoras que ayudan a algunos a llegar los primeros, pero que no hay que esperar que estén en manos de los mejores jugadores” e “inducen a gente sin particulares talentos a ser líderes de la cordada”. Y es que están muy preocupados porque quizás no sean los más hábiles los que tiren de todo el grupo que marcha unido en su fantasía colectivista. Podemos tranquilizarles sugiriéndoles que en una sociedad libre no están obligados a seguir a ningún líder, así que no serán tan tontos de ir detrás de quienes saben que son incompetentes. Y por otro lado en un mercado competitivo uno puede heredar la empresa de papá (o mamá, faltaría más) pero para permanecer al frente necesita continuar sirviendo a los consumidores, o sea demostrando constantemente la competencia para estar arriba y al mando. Las sociedades con mercados libres son muy dinámicas, premian el talento y se esfuerzan por descubrirlo: se trata de dar más oportunidades a quienes mejor puedan aprovecharlas; un emprendedor avispado y motivado no necesita ser rico sino convencer a los capitalistas para que inviertan en su proyecto.

Después de mostrar tan poca capacidad para las ideas, no sorprende que tampoco sean muy hábiles con la realidad empírica: “Sabemos sin sombra de duda que la movilidad social es notoriamente más baja en EE UU que en los países del Norte de Europa”; “las sociedades del Norte de Europa, donde el papel del Estado es notorio, alcanzan sistemáticamente un mayor nivel de vida”. Sin sombra de duda repiten el topicazo habitual de los países escandinavos, que en realidad son más pobres, más homogéneos y más estáticos que los Estados Unidos.