Banca y estado: una historia de amor (video), Paco Capella en TEDx Canarias 2012

29/01/2013

Banca y estado: una historia de amor (video), Paco Capella en TEDx Canarias 2012.


Crisis: dinero, crédito, banca, Estado

29/10/2012

Artículo en Instituto Juan de Mariana.

Vivimos una crisis económica grave, caracterizada por paro, recursos desaprovechados, empobrecimiento, decrecimiento, impagos, desahucios, viviendas vacías o inacabadas, terrenos devaluados, pérdidas y quiebras empresariales, déficit público, deudas muy difíciles de pagar, falta de confianza y crédito.

Hemos llegado a esta crisis a causa de una expansión crediticia insostenible: el crédito demasiado fácil y barato, el optimismo infundado y nada realista (por exuberancia irracional, efecto manada, e incultura financiera: “el ladrillo nunca baja”; “las casas suben de precio porque la gente puede pagarlas”; “la economía va bien”; “hemos acabado con los ciclos económicos”), han originado una burbuja financiera, un endeudamiento exagerado, una prosperidad ficticia, un exceso de asunción de riesgos que ha derivado en daños inevitables.

Buscamos culpables: el mercado o el Estado; la libre competencia evolutiva entre alternativas, o la planificación coactiva centralizada.

El mercado libre no puede ser culpable porque no existe: no se respetan los derechos de propiedad ni hay libertad contractual; no se privatizan beneficios y pérdidas; abundan las regulaciones, prohibiciones, obligaciones, garantías, subvenciones, protecciones. Además el mercado no es un agente, una entidad unitaria cohesionada, sino un sistema y un proceso mediante el cual múltiples agentes intentan coordinarse, cooperar y competir. Muchos de estos actores económicos han cometido errores sistemáticos: bancos, cajas, banca en la sombra, agencias de calificación de riesgos, sector inmobiliario (constructoras, promotoras, agencias de tasación), familias, inversores, ahorradores, especuladores, trabajadores. Pero estos errores han sido fomentados y agravados por el intervencionismo estatal en los ámbitos monetario y crediticio.

El Estado es un agente poderoso y omnipresente, que interviene, dirige, regula y supervisa todos los aspectos de la economía de forma torpe y defectuosa por problemas de conocimiento e incentivos, y sus errores provocan daños generalizados. El gobierno presuntamente actúa con sabiduría, experiencia e imparcialidad, pero en realidad se equivoca sin asumir la responsabilidad y el coste de sus errores, impone reglas arbitrarias, injustificadas o disfuncionales, elimina la libre competencia evolutiva entre alternativas descentralizadas, dificulta la generación y transmisión de información, desactiva los mecanismos naturales de vigilancia, protección y generación de confianza de la sociedad, y genera riesgo moral de forma sistemática. “Papá Estado vigila, así que no te preocupes y sigue durmiendo tranquilo.”

En teoría el Estado actúa para evitar, mitigar o compensar el ciclo económico de expansión y depresión presuntamente causado por el libre mercado. En realidad es el Estado su principal causante por el envilecimiento de la moneda, la expansión insostenible del crédito y el fomento de la asunción excesiva de riesgos. Las intervenciones estatales descoordinan las estructuras productivas y financieras del sistema económico: los bancos centrales, emisores monopolistas de dinero y supervisores y protectores de la banca privada, generan inflación, desestabilizando el valor del dinero, y manipulan a la baja los tipos de interés, responsables de la coordinación intertemporal y las decisiones de consumo y ahorro; los estados ofrecen garantías explícitas o implícitas de refinanciación o rescate a ciertos agentes privilegiados, los bancos y algunos de sus acreedores, los cuales adaptan su conducta al marco legislativo asumiendo más riesgos para intentar obtener mayores beneficios, a sabiendas de que sus posibles pérdidas serán socializadas con la excusa del riesgo sistémico por ser entidades demasiado grandes e interconectadas para caer.

Para comprender los ciclos económicos es esencial entender el dinero, el crédito y la banca, y su distorsión por parte del Estado.

El dinero es el bien cuyo valor o poder adquisitivo es lo más estable o invariante posible (liquidez, para todas las personas, en todo momento y lugar, en cualquier cantidad, como comprador o vendedor). Debe ser fungible, duradero, fácilmente almacenable y transportable (alto valor por unidad de masa y volumen), reconocible, divisible, producible en unidades homogéneas, y con una baja y estable relación entre flujo y existencias. El dinero es necesario, junto a los intermediarios, para unir a vendedores y compradores de bienes y servicios en una sociedad extensa con especialización y división de trabajo.

El dinero cumple tres funciones que deben estar adecuadamente equilibradas: medio de intercambio, depósito de valor y unidad de cuenta. El intervencionismo estatal suele distorsionar la función de depósito de valor (poder no intercambiar mientras no se desee hacerlo y guardar reservas líquidas para el futuro), generando inflación, para forzar a los agentes a realizar más intercambios (aunque no sean libres y voluntarios) y así aparentar prosperidad y crecimiento (“estimular la economía”) y obtener recursos fiscales.

El dinero es una institución social, evolutiva, espontánea y adaptativa: es un patrón de conducta repetitivo, generado mediante imitación generalizada de conductas empresariales exitosas, que facilita la coordinación social. No requiere ninguna intervención estatal para su existencia.

Tener dinero o saldos de tesorería tiene el riesgo de su posible robo y el coste de oportunidad de lo que no se compra con ese dinero o los rendimientos que no se obtienen al invertirlo (en préstamos, compra de bienes de capital o acciones).

Para economizar el uso de dinero los agentes económicos pueden realizar intercambios incompletos, diferidos, a crédito: se entregan bienes o servicios presentes a cambio de promesas de entrega de dinero en el futuro; se genera una deuda entre un deudor (deber de pago) y un acreedor (derecho de cobro). El tipo de interés de la deuda depende de su plazo y riesgo: a menor plazo y riesgo, menor es el interés.

El crédito se concede en función del conocimiento y la confianza que tiene el acreedor en la solvencia (honestidad y capacidad de pago) del deudor; suele reforzarse mediante garantías como colateral y avalistas. Las deudas pueden cancelarse entre sí, pagarse a su vencimiento, renovarse, o impagarse (morosidad).

Las deudas a muy corto plazo y cuyo cobro es muy seguro pueden llegar a aceptarse como medio de pago (complementos o sustitutos monetarios): circulan, se monetizan. Los comerciantes, que interaccionaban frecuentemente y se conocían, utilizaban sus letras de cambio como sustitutos del dinero.

Los bancos extienden el uso del crédito como medio de pago a toda la sociedad al utilizar su conocimiento especializado para comprar deuda segura como activo (lo que tienes o te deben), y emitir su propio pasivo (lo que debes) convertible a la vista (billetes y depósitos) para el uso de sus clientes. Esta creación privada de medios de pago es sostenible si el activo del banco que respalda sus pasivos monetizados es seguro y a corto plazo.

Un banco puede caer en la tentación de incrementar sus beneficios descalzando plazos y riesgos y monetizando activos cada vez menos líquidos: pidiendo prestado a corto plazo (más barato) y prestando a más largo plazo o con más riesgo (más caro); así los bancos expanden el crédito, facilitan el endeudamiento insostenible propio y de otros agentes sin que haya ahorro real a los plazos correspondientes. Pero este desajuste hace que el cobro de los billetes y depósitos de ese banco sea menos seguro, que no se acepten como medio de pago (o que lo hagan con descuento), y puede ocasionar retiradas masivas de dinero por los depositantes, pudiendo hacer quebrar al banco si este no puede vender sus activos suficientemente rápido y sin excesivas pérdidas. Un banco en un mercado libre no podría descalzar plazos y riesgos impunemente y generar el ciclo económico. Pero sí puede hacerlo si está respaldado por el Estado.

No sólo los bancos pueden intentar descalzar plazos: cualquier agente puede pretender financiar proyectos largos mediante deuda a más corto plazo, confiando en que le renovarán constantemente la deuda pero arriesgándose a que le corten el grifo de la financiación y tener que liquidar su proyecto inacabado y con pérdidas. Pero el descalce de plazos de los bancos es especialmente grave porque afecta a toda la economía por su papel de intermediarios de pagos y de financiación, y por la relativa opacidad de sus actividades al interponerse entre prestamistas y prestatarios.

El Estado interviene históricamente de forma sistemática en los ámbitos monetarios y crediticios: monopoliza o certifica la acuñación de la moneda (y engaña al respecto al devaluarla); impone leyes de curso legal forzoso para impedir que prosperen dineros alternativos de mejor calidad; privilegia a algunos grandes bancos a cambio de que faciliten su financiación comprando deuda pública; nacionaliza los bancos centrales; incumple sus promesas de pago y elimina la convertibilidad de los billetes; garantiza los depósitos de todos los bancos privados a cambio de regular su actividad, y refinancia a los bancos a tipos de interés bajos mediante la creación de nuevo dinero de mala calidad (respaldado por activos poco líquidos).

Para evitar los ciclos y las crisis económicas es fundamental desnacionalizar el dinero y dejar que funcione como una institución social, permitir la competencia entre dineros alternativos, eliminar o privatizar los bancos centrales, no garantizar los depósitos de los bancos para que sus clientes se responsabilicen de comprobar su liquidez y solvencia, y permitir quebrar a los bancos y otras entidades financieras sin proteger a sus acreedores.


El riesgo de la deuda pública

09/02/2012

Artículo en Libertad Digital.


Recortes y sanidad pública

21/11/2011

Artículo en Libertad Digital.


Estado y delegación de decisiones

22/06/2009

Artículo en Instituto Juan de Mariana.

Algunas personas defienden la existencia del Estado porque desean que tome decisiones en su nombre en ciertos ámbitos: les gusta que el Gobierno decida por ellos y creen que les soluciona muchos problemas (“te lo da todo hecho”), ni siquiera lo ven como un mal menor.

Delegar decisiones en otros es perfectamente legítimo. En la ética de la libertad cada persona decide por sí misma en el sentido de que otros no interfieren de forma ilegítima y le imponen coactivamente sus propias decisiones. Pero no es obligatorio decidir por sí mismo: cada individuo puede decidir por su cuenta en el ámbito de su propiedad, pero no tiene por qué hacerlo, puede delegar en otros para que decidan por él (aunque esta delegación es en sí misma una decisión que toma cada uno).

A menudo se presenta la acción humana como resultado de una decisión de acción intencional que escoge un objetivo valioso e intenta alcanzarlo utilizando medios escasos, asumiendo costes. Pero suele olvidarse que el proceso de decisión es en sí mismo una acción cognitiva de procesamiento de información que también tiene costes, pudiendo darse una sobrecarga cognitiva. Cuando hay muchas alternativas, se carece de experiencia en un ámbito o no se dispone de la información adecuada, puede tener sentido recurrir a otra persona para que nos asesore o ayude en nuestra decisión, y si la confianza es suficiente puede llegarse a aceptar que un experto tome la decisión en nuestro nombre.

La ciencia económica estudia estas relaciones entre el principal (el delegante) y el agente (el delegado): cómo escogen los principales a los agentes y cómo controlan que trabajen en beneficio del principal sin abusar de su confianza.

Algunos ciudadanos utilizan al Estado como su agente en diversos ámbitos y aceptan sus decisiones asumiendo que los gobernantes saben más que ellos y se preocupan por su bienestar. Pero quienes pretenden justificar así al Estado olvidan varios aspectos esenciales.

El Estado no se limita a ser el representante de quienes recurren a él, sino que se impone sobre todos los ciudadanos, lo acepten o no, y lo hace de forma monopolística, sin permitir la competencia de otros posibles agentes que podrían ofrecer sus servicios en los mismos ámbitos.

Es trivial afirmar que el mejor Gobierno es aquél en el cual gobiernan los mejores, pero el problema esencial es cómo determinar en qué consiste ser el mejor y quiénes son los mejores. La democracia es inútil para ello, ya que no es posible que los ignorantes decidan mediante votación quiénes son los sabios: se puede apreciar la belleza sin ser guapo, pero no se puede estimar la inteligencia sin ser inteligente.

Los políticos aseguran desvivirse por los gobernados, y algunos ciudadanos son tan ingenuos que hasta se lo creen. La escuela de la elección pública muestra cómo en el mejor de los casos los gobernantes son personas como las demás con sus propios intereses particulares; en los casos más realistas los políticos son individuos con ansias de poder y control sobre los demás y usan su poder en su propio beneficio a costa de los demás.

Quienes delegan sus elecciones en el Estado tal vez no han pensado en cómo violan la libertad ajena. O quizás sí: es posible que consigan exactamente lo que quieren, imponer sus decisiones sobre todos. Si es posible que cada uno decida por su cuenta, algunos acertarán y otros se equivocarán: los que se consideren más incompetentes preferirán no quedarse atrás, y como no pueden conseguir triunfar intentarán que o los demás fracasen también o que no haya diferencias, que no se pueda elegir y se imponga el mismo menú a todos.

Las personas intolerantes no se contentan con vivir sus propias vidas respetando las de los demás. Sienten miedo o repugnancia por la libertad ajena, y son capaces de aceptar restricciones sobre sí mismos con tal de que también se las impongan a los demás: el Estado es su herramienta uniformizadora favorita, y como los seres humanos no suelen ponerse de acuerdo sobre qué restricciones son deseables surgen las peleas por controlar el aparato de la coacción política.

Sólo una sociedad libre donde se permita la competencia entre mecanismos alternativos de representación (incluida la negativa a ser representado) puede ser legítima y prosperar.


Aurelio Arteta, las armas y el Estado

12/05/2009

Aurelio Arteta, catedrático de Filosofía Moral y Política de la UPV, y miembro portavoz de UPyD, junta en un solo artículo casi todas las sandeces que pueden escribirse acerca de la libertad de posesión de armas en Estados Unidos, aliñadas con necedades impropias de alguien que se supone que debe saber algo sobre filosofía política.

Comienza describiendo al Estado como “una unidad política con capacidad de mantener la paz civil de su territorio” para lo cual requiere “el monopolio en el uso de la violencia legítima”. Todo esto ya es muy problemático, porque en general los Estados son éticamente ilegítimos: la presunta legitimidad de su violencia se la otorgan a sí mismos, igual que el presunto derecho a excluir toda posible competencia en la prestación de sus supuestos servicios de mantener la paz civil. Los súbditos de los Estados no son consultados individualmente respecto a si desean o no participar de esa unión política: simplemente quedan adscritos a ella por el simple hecho de vivir en un determinado lugar sobre el cual el Estado reclama jurisdicción plena. Dicho territorio tiene además una extensión arbitraria.

Los hechos que originan la “reflexión” de este funcionario de la universidad pública y aspirante a representante político son las “matanzas periódicas que estremecen aquel país”. Como si solamente sucedieran allí. Y se pregunta “¿Para cuándo enmendar la Segunda Enmienda?” y “prohibir la compraventa de armas de fuego”. Es muy generoso por su parte preocuparse de un problema de un país que no es el suyo y proponer una enmienda política sobre la cual él nunca podrá votar. Pero convendría que espabilara un poco intelectualmente, porque su análisis es superficial e incompleto, y sus argumentos muy débiles: no comprende ni la realidad de las armas en Estados Unidos ni la fundamentación de la Segunda Enmienda.

Sabemos por los clásicos que un Estado nace cuando sus miembros consiguen superar el miedo de todos a todos por preferir el miedo de todos a uno. Tal parece el requisito para lograr nuestro deseo más básico, que es obtener la máxima seguridad en la conservación de la propia vida. Todos, salvo los asesinos natos, hemos firmado una renuncia a defendernos por la fuerza, un acuerdo de confiar las armas al soberano para que éste nos defienda mediante ese poder común.

¿Lo sabemos por los clásicos? ¿Todos los clásicos dicen lo mismo? ¿No podría mencionar a alguno, por ejemplo a Hobbes o a Locke, que no dicen lo mismo? ¿Quién decide quiénes son los clásicos? ¿No ha habido anarquistas entre los clásicos? ¿Y desde cuándo el principio de autoridad es fuente segura de conocimiento? ¿Los clásicos no se equivocaban nunca?

Esta explicación del nacimiento de un Estado es patética, y creérsela y difundirla refleja una ignorancia espantosa. Los humanos nunca se han tenido miedo todos a todos (es muy difícil temer a todo el mundo), y nunca se han puesto unánimemente de acuerdo en sustituir ese miedo universal inexistente por un miedo particular a un individuo (el mismo para todos, además). Así no se obtiene  “la máxima seguridad en la conservación de la propia vida”, sino que se renuncia a la libertad y se pierde simultáneamente la seguridad. Es de una ingenuidad pavorosa o de una gran estulticia olvidar mencionar la posibilidad de que el soberano abuse de su poder y lo utilice contra sus súbditos.

Los Estados han nacido en realidad cuando unos pocos individuos organizados han conseguido imponer su dominio violento sobre una colectividad, y para reducir sus costes han disfrazado su fechoría bajo la pretensión de ser sus protectores legítimos y los organizadores y gestores de lo común. Sería conveniente que Arteta mostrara los documentos donde aparecen esas firmas de todos a renunciar defendernos por la fuerza: por otra parte, si no nos defendemos por la fuerza, ¿cómo nos defendemos? ¿Sin la fuerza? Además deberá explicar en qué consiste el derecho de legítima defensa y qué relación tiene con la posesión y uso de algún tipo de arma, si es algo que sólo existe en Estados Unidos. La tontería de que los asesinos natos no han firmado esa inexistente renuncia no merece comentarios.

Las armas adquiridas como medios defensivos -porque las carga el diablo- se vuelven ofensivas a la menor oportunidad.

“A la menor oportunidad”: así los ciudadanos responsables que quieren proteger a sus familias de potenciales agresores (o incluso del mucho más peligroso abuso del Estado) son presentados como pistoleros de gatillo fácil.

De suerte que ese derecho a la autoprotección ha de provocar un riesgo mucho más general que si fuera denegado.

No da ningún dato, no hace ningún análisis de riesgos, simplemente se lo saca de la manga, y no sólo afirma que el riesgo sea mayor sino que asegura que tiene que ser mayor. Tal vez olvida realizar el análisis de lo que no se ve (Bastiat): la cantidad de crímenes que se evitan porque sus víctimas están o podrían estar armadas (véase John Lott, “More guns, less crime”).

En cuanto un ciudadano sepa o tan sólo sospeche que su vecino dispone de una pistola para prevenir su eventual agresión, ya cuenta con una razón (con tantas razones como vecinos armados) para sentirse amenazado y procurarse la herramienta para repeler su ataque. Aumentarán las medidas de vigilancia, pues ahora cualquiera resulta un criminal en potencia. En definitiva, allí donde cada uno puede portar armas mortíferas hay sobrado fundamento para que todos se teman mortalmente entre sí.

Tanta tontería en un solo párrafo. Es posible desconfiar de los vecinos, pero también es posible confiar en ellos (suele ser lo normal) y no sólo lamentar que estén armados sino incluso agradecerlo porque así pueden participar en una defensa común. Arteta, corto y estrecho de miras, sólo ve la posibilidad de que todos se teman unos a otros y organicen una escalada armamentística que acabe muy mal. Olvida mencionar que hay países como Suiza, donde mucha gente tiene armas en casa (en parte por obligación legal del servicio militar) y no parece que se dé esta paranoia. Como tampoco es el caso en Estados Unidos.

Y no es para menos. Pues aquel derecho incluye también el de discernir quién amenaza mi vida y dictar su condena o tomarme venganza; entraña la prerrogativa de reservarnos a un tiempo el papel de juez y verdugo de los demás. A lo mejor así este o aquel ciudadano consiguen salvar su vida en un momento dado, pero seguro que muchos inocentes caerán víctimas de semejante empeño. El ideal de la National Rifle Association parece el Far West redivivo. El sheriff y los paisanos, todos con el dedo en el gatillo; el uno invocando su deber de preservar la supervivencia colectiva, los otros su derecho a defender la suya propia… aun a costa de poner en graves apuros las ajenas.

Las sandeces continúan: poseer armas para ejercer el derecho de legítima defensa tiene poco que ver con ser juez y verdugo. Respecto al Far West, Arteta no hace más que repetir un tópico sin demasiado fundamento. Convendría que leyera “The not so wild, wild west” para superar sus erróneos prejuicios.

Los estadounidenses exigen, desde luego, que su Estado les ampare frente a la agresión de otro Estado. Pero, de puertas adentro, tan fuerte es el miedo recíproco que no consienten abandonar su defensa individual en manos de nadie. Puesto que han de prever que su guardián legal les falte cuando más lo necesiten, cada cual deberá a fin de cuentas ocuparse de sí mismo. A esto conduce inexorablemente la obsesión desorbitada por la seguridad personal.

Los estadounidenses están obsesionados por la seguridad personal y se temen a muerte unos a otros: este análisis psicológico y sociológico simplemente refleja las obsesiones personales de su productor, el catedrático Arteta; y el hecho de que sea catedrático refleja la “calidad” de la universidad pública en España. En algo acierta: los ciudadanos saben que el Estado les fallará cuando más lo necesiten, luego más vale que se responsabilicen de su propia defensa. Para entender por qué el Estado falla conviene aprender algo de economía y saber de la imposibilidad del socialismo y el estatismo. Lo de la responsabilidad es algo que no se estila en las avanzadas socialdemocracias que deberían servir de ejemplo para esos bárbaros estadounidenses: porque aquí nunca hay matanzas con armas de fuego, o con armas blancas, o con lo que sea. Aquí se obedece dócilmente al sabio y omnipotente gobernante y todo va bien.

Arteta reconoce que “no hay seguridad absoluta posible ni mediante el sistema público más eficaz”, pero se limita a considerar casos sueltos de policías que se convierten en agresores. No considera la posibilidad, ya estudiada por “los clásicos” que inspiraron a los Padres Fundadores, de que todo el aparato estatal se convierta en agresor contra los ciudadanos. De ahí que los ciudadanos estén armados, no porque desconfíen del vecino con quien conviven y se relacionan voluntariamente, sino porque desconfían de los cuentos de hadas acerca del Estado protector.

Uno cree que vivir en sociedad, por perfeccionado que fuere su aparato protector, estará siempre expuesto a que los conciudadanos nos hagamos algún daño. Reducir ese daño al mínimo debe ser prerrogativa del Estado. Y no conviene cuestionar tan viejo monopolio, pero sí someterlo a las condiciones de una justicia democrática.

Efectivamente Aurelio Arteta “cree”. Saber, sabe más bien poco. Los auténticos pensadores cuestionan, critican, exigen fundamentos; pero para él estos dogmas sobre el Estado “no conviene cuestionarlos”. Como tantos presuntos expertos en filosofía moral que no analizan la moralidad sino que simplemente sermonean y dan órdenes encubiertas, su análisis se limita a “Reducir ese daño al mínimo debe ser prerrogativa del Estado”. La interminable estupidez del “hay que” y el “debe”. Hay un clásico, de nombre David Hume, que ya advirtió contra esta falacia. Quizás no esté entre los clásicos de esta lumbrera.