Esperanza Aguirre y las garantías hipotecarias

29/05/2009

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, “insta al Gobierno a que cambie las leyes que sean necesarias”. Aguirre sugiere que la garantía de pago hipotecario se limite al piso, de modo que al perder su casa por no pagar la hipoteca al menos se cancele totalmente su deuda hipotecaria: el deudor entregaría al banco la vivienda y daría por cancelada la deuda pendiente de cobro. Según la actual legislación española, cuando se produce el impago de la hipoteca, si el valor del inmueble ejecutado no cubre completamente la deuda pendiente, el titular debe responder con el resto de su patrimonio presente y futuro.

La información de Raquel Díaz Guijarro contiene un error: “en el crédito hipotecario de Estados Unidos y del resto de países anglosajones el deudor responde sólo con la garantía hipotecaria”. La legislación hipotecaria no es completamente uniforme en Estados Unidos, y en algunos estados existen las garantías personales.

Si la ley se aplicara a los préstamos hipotecarios en vigor sería una agresión a lo libremente pactado por las partes en el pasado, beneficiando a una (el embargado) a costa de la otra (el banco). La noticia recoge con acierto que “cuanto menores sean las garantías de cobro, los créditos serán más caros”, y “que cualquier modificación retroactiva en los contratos existentes produciría unos efectos negativos mayores que el beneficio perseguido”. “Si la modificación se planteara sólo para las hipotecas futuras, a la luz de lo ocurrido con los préstamos subprime, los analistas vaticinan porcentajes de financiación mucho más bajos y plazos más cortos”.

El gobernante se cree muy sabio al proponer sus presuntas soluciones para los problemas sociales, y no suele aceptar que éstas pueden surgir de forma espontánea de la propia sociedad. Abundan las leyes que limitan la libertad de las partes al contratar, con la excusa general de proteger al más débil. Se impone coactivamente una normativa uniforme a todos y se impide que los contratantes adapten los pactos a sus circunstancias particulares. Los políticos discuten cuál debe ser el contenido de la ley, pero cada uno aspira a imponer su versión sobre todos los ciudadanos (qué duración debe tener un alquiler, cómo funcionan las garantías de una hipoteca…). No aceptan que las normas se generen sin su participación, que surjan libre y evolutivamente desde abajo, por los agentes económicos de forma voluntaria en sus múltiples transacciones, experimentando y copiando las variantes más exitosas.

El liberalismo no es sólo respeto al derecho de propiedad: también es libertad para contratar. No se trata solamente de respetar la ley, que puede ser liberticida, sino de que las leyes defiendan la libertad. No se trata de que la ley sea la misma para todos hasta sus últimos detalles: basta con que la ley prohíba la agresión contra la propiedad y garantice el cumplimiento de los contratos. El contenido concreto de estos contratos es asunto de las partes contratantes.

La ciencia ética puede estudiar qué normas son universalizables, pero esto no significa que todas las normas legítimas deban ser universales. Los contratos permiten particularizar las normas, y las partes no contratantes no tienen derecho a inmiscuirse y exigir que todas las normas sean iguales para todos. Quien quiera puede copiar a otros y contribuir a la uniformidad de la normativa, pero no se puede exigir a quienes quieren pactar de formas alternativas que lo hagan como todo el mundo.


Esperanza perdida

15/08/2007

Artículo en Instituto Juan de Mariana.

La esperanza tal vez sea lo último que se pierde, pero a veces también. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la presuntamente menos liberticida de los actuales políticos en el poder, ha decidido (¿ella sola o asesorada por alguna lumbrera?) prohibir la construcción de edificios de altura superior a tres plantas (incluida la baja) más ático. Esta nueva agresión contra la libertad al menos se limita a suelos no programados o rústicos y no afecta a los planes urbanísticos municipales ya aprobados: los gobernantes son tan magnánimos que suelen respetar la irretroactividad normativa del Estado de Derecho y presumen de ello; estaría feo prohibir hoy lo que ellos mismos permitieron ayer. Además habrá excepciones para los edificios singulares o con valor arquitectónico, “que enriquezcan el patrimonio arquitectónico y cultural”: los tecnócratas y burócratas de turno impondrán sus preferencias subjetivas particulares (camufladas como “valor arquitectónico” objetivo) sobre las apreciaciones subjetivas de los ciudadanos de a pie para la aprobación de “rascacielos o edificios emblemáticos”. Sus “razones” (por llamarlas de alguna manera) para todo esto, recogidas en diversas declaraciones, son penosas.

Quiere “un urbanismo más humano y que aporte más calidad de vida. Los madrileños quieren más calidad, tienen todo el derecho a disfrutarla y ahora existen las condiciones para ofrecérsela, ha llegado la hora de iniciar el camino de un urbanismo renovador y más humano”. ¿Cómo sabe lo que quieren los madrileños, cada uno de ellos, en detalle y con precisión? ¿Todos quieren lo mismo? ¿Sabe qué costes está dispuesto a asumir cada uno para conseguir lo que quiere? Lo de querer más calidad en abstracto es una perogrullada obvia y demagógica, no vamos a pedir menos calidad (salvo si un precio menor lo compensa, claro). Ese derecho a disfrutar de la calidad, ¿tiene alguna justificación ética o jurídica o es simplemente un guiño a los votantes? ¿Tiene alguna relación con el derecho de propiedad que fundamenta la libertad humana y es violado por esta nueva coacción legal? ¿Quién va a ofrecer esa calidad? ¿Los políticos? (Risas) Lo del urbanismo “más humano” es especialmente patético: ¿qué pasa, que las alternativas son “inhumanas”? ¿A qué especie animal pertenecen los residentes en Manhattan o en Hong Kong? Qué mala es la densidad de población, vivir todos juntos y rodeados de mucha gente y así poder tener un millón de amigos y además todos cerca de casa.

Afirma Aguirre que “no podemos hacer el mismo urbanismo que en las décadas de los 50, 60 ó 70, un urbanismo apelotonado y deshumanizado, con edificios de más de diez alturas”. Si se refiere a que no somos capaces de construirlos, se equivoca; si se refiere a que está prohibido, efectivamente ella acaba de hacerlo. Con la excusa de demonizar la densidad de población refiriéndose a ella como “apelotonamiento” (deshumanizado, claro).

Aguirre cree en “un país de propietarios que no tengan que residir en moles de hormigón de 12 ó 14 plantas en páramos periféricos”; esto supondrá “limitar la densidad de población, porque los madrileños quieren ciudades menos densas y más amplias, con más espacios abiertos y con más zonas verdes, quieren que el sol entre todas las mañanas por sus ventanas”; esta medida conferirá a los ciudadanos “más contacto con la naturaleza, más sol y más espacio”. Tal vez crea en los propietarios pero no acaba de entender qué es la propiedad. De los diez pisos límite ahora pasamos a 12 o 14 (de moles de hormigón, que suena muy feo, y además en páramos periféricos, muy sonoro y evocativo); igual es posible hacer edificios de viviendas altos y atractivos pero no conviene mencionarlo si se va a prohibir; la precisión del número de pisos a partir del cual un edificio no es “humano” no es su fuerte y no se entiende muy bien por qué de estas cantidades al final la ley fija el límite en 3 plantas (¿numerología?). Ahora concreta algo más lo que quieren los madrileños por si nosotros mismos no lo sabemos: contacto con la naturaleza (debe de referirse a esos jardincillos artificiales que abundan en los nuevos barrios), sol (como no creo que controle el tiempo atmosférico seguramente quiere decir viviendas exteriores y que unos edificios no hagan sombra a otros; lo que tiene más crudo es que el sol entre por la mañana por todas las ventanas, a no ser que exija por ley que todas las viviendas se orienten al este) y espacio (efectivamente en los nuevos desarrollos urbanísticos ya se notan aceras y calzadas enormes casi siempre vacías y todo muy lejos de todo, quizás para fomentar el saludable hábito del paseo o el desarrollo de la industria automovilística); donde quizás no haya tanto espacio es el interior de las viviendas dado lo cara que está la superficie edificable (¿por qué será?).

A su juicio, “los madrileños que tienen parte de sus zonas urbanas fruto de lo que fueron en los años 50 y 60 la llegada masiva de inmigrantes del resto de las provincias españolas demandan ahora un urbanismo más humano y más adaptado a lo que es una región que está en vanguardia en Europa y que pretende que sus familias puedan vivir de una forma más parecida a la del resto de miembros de la Unión Europea. Lo que queremos es un urbanismo más humano donde las familias madrileñas puedan vivir entrándoles el sol por las ventanas, teniendo garantía de zonas verdes, de parques y jardines en vez de vivir en torres en medio de los páramos como al parecer los urbanistas socialistas autorizan”. Qué malos son los urbanistas socialistas que autorizan cosas así, mejor prohibir y presumir de liberal. Sigue abusando de lo humano, demasiado humano. Y afirma, como buena colectivista, que la región (somos los mejores, oé, oé, oé) pretende (la región es la entidad que pretende, suena como colectivista) que sus familias vivan más como los otros europeos, nos guste o no. Como hay diversidad de europeos, ahora va a concretar.

Este modelo urbanístico tiene su base en países como Reino Unido, Alemania, Bélgica u Holanda, cuyas ciudades Aguirre considera “un ejemplo de urbanismo humano, de calidad y respetuoso con el medio ambiente, por eso aquí también habrá un urbanismo de calidad”; los madrileños “no tienen por qué vivir de forma diferente a los europeos ni en cajas de cerillas”. Más humanismo y calidad, se hace pesado. Los madrileños ya vivimos en cajas de cerillas y su prohibición agravará el problema al dificultar el uso inteligente de la tercera dimensión (la altura) y la generación de superficie y volumen habitable. A Aguirre le gusta cómo viven en algunos países y tenemos que imitarlos; no nos deja elegir por nosotros mismos, no permite que sean unidades de gestión más pequeñas (los municipios, o los barrios, por ejemplo) los que experimenten diversas alternativas urbanísticas: café para todos. De no estar obligados a vivir de forma diferente a los europeos vamos a pasar a estar obligados a vivir igual que ellos: eso es progreso.

“En lo que se refiere a las alturas de las viviendas, países como el Reino Unido, Holanda o Bélgica, con superficies territoriales muy inferiores a la de España, y con una arraigada tradición de defensa del medio ambiente, tienen mucho más suelo urbanizado que nuestro país. Y ciudades como Ámsterdam o Bruselas, que son referencias mundiales en materia de urbanismo, de transportes y de calidad de vida, son ciudades extensas y ajardinadas, donde predominan las viviendas unifamiliares con parcela y donde es casi imposible ver edificios residenciales de más de 4 alturas fuera del centro. El modelo de urbanismo que se practicó en España en los años 60 y 70, con moles de 15 alturas rodeadas de páramos, quizá fuera necesario entonces, como solución de urgencia frente al éxodo masivo del campo de las ciudades. Pero hoy es innecesario e incompatible con las necesidades y las aspiraciones de los madrileños a una vivienda de calidad. Es necesario un modelo de urbanismo más humano, más transparente, más ágil y menos arbitrario. Y, en este sentido, establecer un máximo de alturas elimina de raíz la posibilidad de retener suelo con fines especulativos, a la espera de que el lápiz de algún político o de algún funcionario incremente arbitrariamente el número de alturas permitido y, por tanto, los beneficios de los especuladores.”

Sigue insistiendo en lo estupendos que son los países y las ciudades que a ella (y quizás a sus asesores) le gustan. Ahora las moles son de 15 plantas. Y al mencionar los páramos, tal vez no ve que todo eso es suelo disponible para otras viviendas o para parques, y si el urbanismo se empeña en la baja altura el suelo se ocupa más rápidamente. No aclara por qué o para qué es necesario su urbanismo: va a ser que porque sí o porque lo digo yo. ¿Ha pensado en que el alto precio de las viviendas en el centro de Madrid, altas, apelotonadas y sin naturaleza por medio, indica algo sobre las preferencias de los compradores? Bajo su mandato la norma ya no es arbitraria: prohibido más de tres alturas, ¡qué avance en el rigor legal, todos igualmente fastidiados! Y acabamos hablando mal de los especuladores, que siempre queda bien, y mencionando la posibilidad de que los políticos (otros, ella no) y los funcionarios se corrompan. Mejor que se cumpla la ley estrictamente, por absurda e inadecuada que sea, ¿no?