Tonterías selectas

Revitalizar el proyecto socialdemócrata, de Carlos Sebastián

Dolores Delgado: “Los contratos de vientres de alquiler que se están suscribiendo tienen condiciones inhumanas para las mujeres”

La existencia del negocio de la gestación subrogada al final a quien o de quien se lucra es del vientre y del cuerpo de una mujer. Se entiende como un objeto, un objeto que va a dar beneficio porque va a gestar a una criatura. Y al final el objeto es también la propia criatura. En este sentido, los contratos que se están suscribiendo son contratos con clausulas inhumanas, donde se establecen unas condiciones para las mujeres realmente inhumanas. No es algo que se corresponda con una sociedad del Siglo XXI. Debemos plantearnos esta cuestión desde los derechos humanos. Realmente donde se están desarrollando estos contratos de vientres de alquiler es en sitios en los que las mujeres tienen unas condiciones de mayor vulnerabilidad económica y de exclusión social.

Nuria Coronado Sopeña entrevista a Toño Abad y Eduardo Aguayo, activistas LGTBI: “Los vientres de alquiler son trata de personas para la explotación reproductiva”

Ambos –padres adoptivos y en acogida con sus respectivas parejas– creen que la paternidad no es un deseo, sino un derecho de los menores a tener familia. Dejan claro que usar a las mujeres pobres para ser padres es ser cómplice de violencia de género.

Frente al lobby de cierta parte del colectivo LGTBI y de la propuesta legislativa de Ciudadanos por mercantilizar el cuerpo de las mujeres –una práctica prohibida en España junto a 121 países, entre los que se encuentra Francia con Emmanuel Macron a su cabeza–, hay dos nombres como los de Toño Abad y Eduardo Aguayo que suenan a feminismo sin apellidos y que luchan sin descanso contra esta opresión del patriarcado.

“No en su nombre”. Con esta sencilla pero contundente declaración estos dos reconocidos homosexuales combaten la explotación reproductiva para evitar que se sigan pisoteando los derechos humanos de la mitad de la población. Ambos tienen claro que la estrategia de la “demanda social” argumentada por Ciudadanos para presentar en el Congreso de los Diputados una propuesta legislativa a favor de los vientres de alquiler solo responde a dos intereses: los de una industria que mueve 6.000 millones de dólares al año en todo el mundo y que ahora quiere convertir a nuestro país en el paraíso del turismo reproductivo del low-cost, y el egoísmo de quienes no entienden que los deseos individuales de ser padres nunca están por encima del Derecho.

… el porcentaje de bebés comprados apenas alcanzaría el 0,25%.

… Según Toño Abad, “la sociedad actual tiende al borrado de la memoria de las luchas y de las conquistas sociales. Si además se suma a que estas conquistas son gracias al movimiento feminista, el patriarcado no solo invisibiliza lo conquistado y quien lo ha hecho posible, sino que además adultera el relato para mantener el sistema de privilegios. Simone de Beauvoir decía que “el opresor no sería tan fuerte si no tuviera cómplices entre los oprimidos”. Y esto es una constante que se dan en todos movimientos por la liberación: en la mujer, en la causa de las personas afrodescendientes, la esclavitud, la prostitución, los derechos LGTBI. Nos han convencido de que nuestros problemas no son el machismo, la xenofobia, el racismo o la lgtbifobia, que son otros. Y las personas en general no tienen una conciencia de lucha colectiva a pesar de que sin lucha colectiva (sindical, feminista o social) no habría derechos”, explica.

Por su parte Aguayo cree que “cuando los privilegiados no somos conscientes de nuestros privilegios es fácil convertirte en opresor. El tema de los vientres de alquiler es relativamente reciente y sin la suficiente pedagogía y campañas que promuevan la adopción y acogimiento acompañadas de ciertas reformas que los faciliten es fácil caer en aquello que nos quieren vender, mujeres supuestamente altruistas con las que muchos intermediarios se benefician por intereses que nada tienen que ver con los derechos de las mujeres y los menores”, comenta.

… Para el presidente de la asociación alicantina la dulcificación de la explotación reproductiva viene de todo el trabajo realizado por las agencias de alquiler de vientres que ha ido calando durante años entre los homosexuales. “Han ido encajando mensajes publicitarios mostrando la belleza y la perfección de la familia como un símbolo de la realización personal. Esto es falso. No hay que tener descendencia biológica para merecer ser aceptadas como ciudadanía de primera clase. Además, aquí se juega con un componente normalizador de la familia: si tienes descendencia genéticamente parecida vas a ser mejor aceptado. Ni es cierto, ni la familia debería entenderse así”, remarca.

… dos o tres docenas de personas –en su mayoría varones privilegiados, económicamente muy potentes y con mucha proyección mediática– han comprado bebés en el extranjero y nos vinculan a esta forma de explotación. Hay un movimiento muy fuerte, intracolectivo, formado por hombres, que nos oponemos radicalmente a esto. Y nos oponemos a que para ser aceptados tengamos que ser padres biológicos a través de una transacción mercantil. Así mismo también me opongo a que se diga que posicionarse en contra es homofobia, porque nos beneficiaremos también los gais. Eso se llama manipulación”, recalca Abad.

… Aguayo se afana “en hacer pedagogía en mi círculo antes de que tomen la decisión, igual que hicieron conmigo otras familias acogedoras, intentar que se tome la decisión más ética.”

… “Me hago una pregunta ¿saben las personas que acuden a estos países a acceder a la explotación reproductiva que están ejerciendo violencia contra mujeres en situación de desprotección? ¿Son conscientes de ello? O por el contrario ¿son una pieza más del engaño publicitario que supone el acceso a estas prácticas? La reflexión por parte del activismo tiene que ser la denuncia de la práctica, del explotador y sobre todo del sistema que lo permite. Dicho esto, una vez existe la información y está en el debate público, quien lo haga tiene que entender que hay una resistencia muy fuerte, legitimada en la ética, y que lo que están haciendo no está bien en ningún caso”.

Día Internacional de la Juventud: una vida en pausa, de Manuel Ramos de la Rosa, presidente del Consejo de la Juventud de España

La importancia de los colegios profesionales, de Maria Eugènia Gay, presidenta de la Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya y decana del Col·legi d’Advocats de Barcelona

Históricamente han existido profesiones cuyo ejercicio ha tenido una proyección social innegable, relacionadas con valores superiores como la salud, la integridad o la justicia, que deben primar y protegerse frente a connotaciones más económicas y especulativas. Desde sus orígenes gremiales, estas profesiones han trabajado conjuntamente para defender los intereses propios y de la sociedad frente a los abusos de los poderes públicos, tanto en sus formas absolutistas como liberales, habiendo luchado y ganado fuerza de manera progresiva con el paso de los años y jugando un papel importante en la configuración moderna del Estado Social y Democrático de Derecho.

Fue a partir de la segunda mitad del siglo XIX que los gremios empezaron a organizarse como colegios profesionales, constituyendo en la actualidad instituciones de la sociedad civil independientes que tienen la esencial finalidad de velar para que la prestación de sus servicios responda a las necesidades de la sociedad.

… En la actualidad, han devenido necesarios al ir más allá de las cuestiones meramente económicas de las profesiones, por ello merecen un trato diferenciado y específico que atienda a la importancia real de sus funciones, así como al papel tan relevante que aportan para la evolución del país y de Europa.

La vigilancia que a través de estas Corporaciones se hace del ejercicio de la profesión resulta imprescindible, puesto que los valores superiores de innegable proyección social con los que se trabaja exigen el cumplimiento no solo de una lex artis, sino también la observancia de una serie de normas deontológicas, éticas y morales. En el caso de la Abogacía, el deber deontológico resulta evidente, por cuanto se ha de garantizar el cumplimiento de la confidencialidad profesional para que no se produzca ningún tipo de indefensión, teniendo los Colegios Profesionales la potestad de sancionar y corregir disciplinariamente a sus colegiados y colegiadas para asegurar que el ejercicio de la profesión responda al interés general. La obligatoriedad de la colegiación en nuestro caso y el sometimiento a una deontología común son garantía de independencia y fuerza para el abogado y para el profesional que, a veces demasiado aislado, se tiene que enfrentar a los poderes públicos.

La vigilancia que a través de estas Corporaciones se hace del ejercicio de la profesión resulta imprescindible, puesto que los valores superiores de innegable proyección social con los que se trabaja exigen el cumplimiento no solo de una lex artis, sino también la observancia de una serie de normas deontológicas, éticas y morales. En el caso de la Abogacía, el deber deontológico resulta evidente, por cuanto se ha de garantizar el cumplimiento de la confidencialidad profesional para que no se produzca ningún tipo de indefensión, teniendo los Colegios Profesionales la potestad de sancionar y corregir disciplinariamente a sus colegiados y colegiadas para asegurar que el ejercicio de la profesión responda al interés general. La obligatoriedad de la colegiación en nuestro caso y el sometimiento a una deontología común son garantía de independencia y fuerza para el abogado y para el profesional que, a veces demasiado aislado, se tiene que enfrentar a los poderes públicos.

Resulta asimismo imprescindible destacar la labor de vigilancia que ejercen los colegios frente al intrusismo profesional el cual, en aras a proteger un bien jurídico de relevancia constitucional, supone un delito sancionado en el art. 403 de nuestro Código Penal.

Hoy por hoy, los Colegios Profesionales son auténticos lobbies cuya fuerza y capacidad de influencia en la vida pública no deben obviarse, pues a través de la presión ejercida por los mismos en defensa de los legítimos intereses de su colectivo, se han convertido en agentes indispensables que actúan como un engranaje que despliega enriquecedores canales de participación entre la sociedad civil y los poderes públicos.

Teniendo en cuenta la labor desarrollada por determinadas profesiones, defendemos la necesidad de articular todos esos valores y acciones transformadoras de la sociedad a través de una institución de colegiación obligatoria, capaz de actuar como un verdadero grupo de presión que trabaje por los intereses de las profesiones y en beneficio de la ciudadanía, y que por imperativo legal sea público, democrático y transparente. Sólo así podemos garantizar un Estado justo y participativo.

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