Tonterías selectas

¿Y si matáramos a los caseros?, de David Bollero

La codicia, las ansias de enriquecimiento desmedido por parte de las personas arrendatarias han provocado un serio problema no sólo de habitabilidad, sino de empleo, pues la burbuja del alquiler se ha trasladado también a los locales comerciales. Decenas de miles de emprendedores echan el cierre o ni siquiera pueden arrancar sus negocios por precios de alquiler disparatados.

En esta coyuntura, imaginen que todas las personas afectadas por esta avaricia de quienes arriendan viviendas o locales tiraran por la calle de en medio, asesinando a sus caseros y caseras. A diferencia de la violencia machista, no se les privaría de la vida por su género, sino por su avaricia, es decir, que podrían salvarse fácilmente estableciendo precios justos para sus inmuebles. Así de fácil.

Comenzarían a caer como moscas, porque son tantas las personas que arriendan a precios desorbitados y generan tanto odio, provocan tanta miseria en las familias, que tras el primer asesinato, se produciría un efecto dominó. ¿Saben cuál es la diferencia respecto a lo que sucede con la violencia machista? Que no haría falta que se alcanzaran los diez asesinatos de caser@s para que los poderes fácticos lanzaran la alarma social. Personas físicas que arriendan, directivos de entidades bancarias o de fondos buitres se echarían a temblar y, antes de cesar en sus prácticas mezquinas de enriquecimiento a base de la miseria de terceros, buscarían otra salida y, lo peor de todo, es que el Estado se la daría.

¿Qué hace falta para que se dé una respuesta similar a la violencia de género? ¿Por qué cuesta tanto acallar las voces de indeseables que niegan que se está matando a las mujeres por el mero hecho de serlo? Al menos, con la descabellada -e injustificada- teoría que expongo, se mejoraría la habitabilidad en las ciudades pero, ¿qué se gana con la locura feminicida?

Sábanas sucias, de David Trueba

Lo que nos jugamos en salud, de Mónica García, diputada de Más Madrid en la Asamblea y médica

El capitalismo, factor de desigualdad, de Fernando Luengo, de Podemos

Eutanasia, de Ramón Rodríguez Arribas ex vicepresidente del Tribunal Constitucional

En los últimos tiempos la eutanasia -eufemismo con el que se disfraza la muerte provocada de un ser humano doliente- se va abriendo paso bajo las banderas de la «muerte digna», «las razones humanitarias» y «el progreso», dando por sentado que hay porcentajes abrumadores a favor de su regulación inmediata, como si hubiera una demanda social clamorosa y miles de personas sufrientes estuvieran esperando esa regulación. Y todo eso apoyado en el argumento de que «nadie puede imponer al conjunto de los ciudadanos una creencia o moral religiosas», referencia que se dirige preferentemente al Cristianismo.

La defensa de la vida, desde la concepción hasta su extinción natural, no es una cuestión que afecte solo a la fe religiosa y a la moral cristiana; hay infinidad de personas que no creen en Dios o no les preocupa su existencia que, sin embargo, reconocen que la Naturaleza es una realidad regida por leyes inmutables, que se violan con la «cultura de la muerte» y es lo cierto que esas personas, ateas o agnósticas, se pronuncian firmemente y con coherencia contra la pena de muerte, el aborto libre y la eutanasia activa. Pero es que, además, también los cristianos tenemos derecho a sostener y defender públicamente nuestros valores y principios en una sociedad libre y plural, sin sufrir anticipadamente la descalificación dialéctica, porque la verdad es que resulta perceptible la presión sobre la opinión pública, tachando de crueles a los que oponen reparos al establecimiento legal de la eutanasia.

… Anticiparse a la obra de la Naturaleza, provocando la muerte al anciano o al enfermo constituye un riesgo de error que no se debería asumir por nadie.

… Si de lo que se trata es de resolver aquellos casos límite, como puede ser el que ha saltado a los medios de comunicación recientemente, bastaría con la aplicación de la eximente de «estado de necesidad», prevista en el número 5º del artículo 20 del Código Penal, usando del principio general de «la no exigibilidad de la conducta» a aquellas personas que colaboren en la muerte del que no puede hacerlo por sí mismo, sin más que la reforma del artículo 143 del Código Penal en su último número, lo que permitiría además, la aplicación del sobreseimiento libre del artículo 634 de la LECrim, para evitar hasta el castigo de sentarse en el banquillo, archivando el caso antes, pero haciéndolo los jueces.

Por el contrario, parece que lo que se pretende es crear una institución jurídica por la que un comité administrativo, donde participen científicos y otros expertos, sea el que determine cuándo se dan las circunstancias que aconsejen la muerte causada de propósito de un anciano o enfermo sin esperanza de vida.

Pues bien, si ese fuera el camino que se quiere recorrer, está sembrado de problemas, como ha puesto de manifiesto el doctor Marcos Gómez Sancho, promotor de los cuidados paliativos, que ha llegado a afirmar sobre la Eutanasia que su establecimiento situaría a los médicos en un problema de conciencia porque «atender al que sufre es progresista; acabar con él es retrógrado y reaccionario»; en sintonía con él hay que afirmar que no hay muerte más digna que la muerte natural, atendida con los remedios médicos contra el dolor, la asistencia psicológica, el consuelo espiritual y los afectos familiares, que son los verdaderamente humanitarios, porque comparten el sufrimiento con el otro.

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