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Cobrar impuestos tiene mala prensa. Pero para conocer su utilidad solo hay que imaginarse un país en el que no se pagaran. Es decir, que cada ciudadano tuviera que abonar de su bolsillo el coste de los servicios públicos esenciales: educación, sanidad, pensiones… Como alguien dijo, si usted piensa que se gasta demasiado en cultura, piense lo que pasaría si no se destinara un céntimo a alimentar el cerebro. Por supuesto que en ningún país del mundo se dan esas circunstancias. En los paraísos fiscales o los estados de baja tributación, incluso, las autoridades obligan a pagar impuestos a sus ciudadanos, aunque sean reducidos.

En todos los casos, el argumento central para cobrar impuestos es el mismo. El sostenimiento de las políticas públicas exige recaudar, y aunque la casuística es muy variada, existen dos principios de carácter general. Se pagan impuestos (en cualquiera de sus formulaciones) en función de la capacidad económica del contribuyente —principalmente a través del impuesto sobre la renta— y, en segundo lugar, respecto de la utilización de determinados servicios públicos. Nadie protesta, por ejemplo, porque al viajar en avión haya que pagar una tasa aeroportuaria. Se entiende, implícitamente, que los usuarios del transporte aéreo son quienes deben financiar esas infraestructuras, y, por eso, nadie se niega a pagar. En muchos países, incluso, los camioneros pagan una tarifa por el uso de las infraestructuras. Y así ocurre en multitud de sectores.

Solo hay un caso en el que los beneficiarios de una determinada infraestructura no pagan un céntimo por el aprovechamiento de la red. Son las empresas tecnológicas. Durante años, las compañías de telecomunicaciones (la mayoría herederas del sector público) han creado una amplia, compleja (y costosa) autopista por la que circula internet. Sin embargo, los beneficios que se generan no van a parar a quienes han invertido muchos miles de millones de euros para mantener y actualizar la red por la que discurren los datos y la información. Por el contrario, la parte del león se la quedan empresas con menos de 15 o 20 años de antigüedad que han enriquecido (legítimamente) a sus promotores usando de forma profusa sociedades instrumentales.

El resultado es evidente. Como ha recordado la Comisión Europea, nueve de las 20 mayores empresas del mundo por capitalización bursátil son digitales. Sin duda, por el talento de sus creadores, pero también por el uso de una ingeniería fiscal tan sofisticada como agresiva que implica el desplazamiento artificioso de beneficios hacia territorios de muy baja tributación, y a la que la Unión Europea (UE) ha puesto la proa. Entre otras cosas, como dice la última comunicación de Bruselas, porque “las empresas digitales tienen un tipo impositivo medio efectivo que es la mitad del que soportan los sectores económicos tradicionales”. No vale, por lo tanto, contabilizar de forma torticera lo que se paga en EEUU, sino lo que se tributa en el país donde se generan los beneficios. Por lo menos, mientras los Estados nacionales sean los responsables de recaudar.

Es decir, que se produce una doble paradoja. Estamos ante compañías que no solo no han invertido en el despliegue de la red que hace posible la existencia de internet (y su negocio), sino que, además, pagan bastante menos impuestos que otras que han invertido mucho dinero para hacer posible que aparezcan empresas como Google, Facebook, Netflix ​o Amazon.

Como afirmó hace unos días Karl Happe, director de inversiones de Allianz, en ‘Cinco Días’, las grandes compañías tecnológicas “se han aprovechado de internet con mucho éxito, privatizando eficazmente un bien público”. Es paradójico, en este sentido, que muchos autoproclamados liberales reivindiquen los peajes o el copago para financiar las infraestructuras públicas, pero protestan cuando se pide que las grandes empresas tecnológicas paguen impuestos para costear el despliegue de la red o financiar los servicios públicos.

… Aunque los impuestos, por definición, no pueden ser finalistas, Hacienda se compromete a destinar esos recursos no previstos para financiar el coste adicional que tendrá para la Seguridad Social actualizar las pensiones como el IPC.

Algunos han criticado que se use la ‘tasa Google’ para pagar las pensiones, pero conviene recordar que los impuestos, al no ser finalistas, van a una caja común centralizada, que es la Hacienda pública. Y dado que el Estado es el garante de que se paguen las pensiones —como, por cierto, establece la Constitución— parece razonable que busque nuevos recursos. O nuevos hechos imposibles, como se prefiera.

Entre cosas, porque la propia Carta Magna deja muy claro que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Así de fácil. Y no parece ni muy moderno ni muy ‘cool’ no pagar impuestos, aunque se utilice el último grito en tecnologías o se juegue al futbolín en las amplias instalaciones de Cupertino. Escaquearse a la hora de rascarse el bolsillo es lo más parecido a un ‘fake’.


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