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28/03/2010

Misunderstanding Darwin, Natural selection’s secular critics get it wrong, by Ned Block and Philip Kitcher

Gary Becker interview

Is Curing Sybil Murder?, by Robin Hanson

Ems Like Alters?, by Robin Hanson

¿…O un mercado libre para frenar al Estado?, de Lorenzo Bernaldo de Quirós


Basura selecta

28/03/2010

Enchúfate a la transparencia, de Joaquín Araújo

Y ahora, zancadas, de Carlos Carnero, embajador de España y eurodiputado (PSOE)

Refundando el capitalismo más salvaje, de Jordi Calvo Rufanges

Luces y sombras de la reforma sanitaria de Obama, de Vicenç Navarro

La carestía en la cobertura sanitaria está tan generalizada, que el 42% de las personas que se están muriendo como consecuencia de tener una enfermedad terminal, indican estar preocupadas por cómo ellas o sus familias pagarán sus facturas médicas. Ningún otro país alcanza tal nivel de crueldad. Y utilizo este término con todo rigor. Insto al lector a que se imagine una situación semejante en su propia familia y que piense en la angustia de, incluso en los momentos en que la persona se está muriendo, tener que preocuparse por cómo pagar los servicios sanitarios que recibe. Esto es lo que ocurre en EEUU. Es el capitalismo duro, sin guantes.

¿A qué se debe esta situación? Pues precisamente a que aquel país tiene el sistema sanitario que las derechas en España están pidiendo: es decir, que el sistema sanitario se privatice, y que los ciudadanos y residentes, en lugar de pagar su atención primordialmente a través de impuestos, lo hagan a través de pólizas a las compañías de seguros sanitarios. El problema con el aseguramiento privado es que las compañías de seguros son empresas con afán de lucro, que tienen como objetivo optimizar sus beneficios. Este es el objetivo principal de cualquier empresa con afán de lucro. Para tales compañías, atender a las necesidades de la población no es su objetivo más importante. Es un objetivo secundario; esta función es sólo relevante en la medida en que les sirva para mejorar sus beneficios. Su objetivo es, pues, la comercialización de la medicina. Y sus beneficios se consiguen a base, por un lado, de que las personas que se aseguren en tales compañías de seguros privados paguen lo máximo posible en pólizas y sistemas de copago y, por el otro, que tales compañías provean los servicios (contratando a los proveedores de servicios, tales como médicos y hospitales) al mínimo número de personas, lo cual consiguen a base de seleccionar a la población excluyendo a aquellas personas, como ancianos y enfermos crónicos, que consumen más servicios y recursos. Incluso, en muchas ocasiones, cuando el paciente desarrolla una enfermedad crónica, las compañías de seguros les expulsan de su aseguramiento. De ahí derivan sus beneficios.

Un sistema gestionado mayoritariamente por tales compañías de seguros, como el de EEUU, es enormemente ineficiente. Sus gastos administrativos son enormes: 31% de todo el gasto sanitario en EEUU es por costes administrativos (400.000 millones de dólares al año), que incluyen las elevadísimas remuneraciones y salarios a los directivos de tales compañías, además de gastos de supervisión, inspección, marketing y otros. Pero además de insuficiente, este sistema gestionado por las compañías de seguros es muy impopular. Estados Unidos es el país de la OCDE que tiene un porcentaje mayor de la población que está insatisfecha con el sistema de financiación del sistema sanitario. Y el 62% desearían que hubiera un sistema nacional sanitario financiado públicamente, que cubriera a toda la población. Esta propuesta, que significaría la extensión del Medicare (el programa de financiación federal que cubre a los ancianos, que es sumamente popular) a toda la población, se llama single payer (el pagador único) o Medicare for all. En este sistema, el gobierno federal pagaría la mayoría de las facturas y negociaría directamente con los proveedores (médicos y hospitales) el precio de los servicios. Tal propuesta es la más popular (dos terceras partes de la población la apoyan), observación que requiere ser subrayada, pues Antonio Caño, corresponsal de El País en EEUU (que frecuentemente idealiza el sistema político estadounidense) atribuye la ausencia de un programa sanitario universal en EEUU a que la ciudadanía no lo desea, asumiendo erróneamente que el Congreso de EEUU representa el sentir de la población estadounidense (el 68% de la población no cree que el Congreso representa sus intereses). La evidencia de que la población desea un cambio y que la financiación del sistema sea responsabilidad del Estado, es abrumadora (Ver articulo “La cobertura errónea de EEUU en los mayores medios de información españoles”. El Plural. 04.01.10). El mismo Presidente Obama cuando fue Senador en Illinois apoyó tal alternativa, abandonándola después.

Esta propuesta (que era la propuesta de los sindicatos y de la izquierda del Partido Demócrata), de aprobarse, hubiera significado que con un gasto mucho menor que el actual se podría haber proveído a toda la población de cobertura sanitaria. Así ocurrió en Canadá, país que tenía un sistema de financiación de su sanidad idéntico al estadounidense hasta que decidió eliminar las compañías de seguros y dejar que fuera el estado federal, junto con los gobiernos provinciales (homologables a las CCAA en España), el que contratara tales servicios. A partir de entonces, el gasto sanitario creció más lentamente en Canadá que en EEUU, a la vez que la cobertura sanitaria aumentaba en Canadá, siendo hoy mucho más completa que la de EEUU.

Lo que sí se consiguió fue que se limitaran algunos de los abusos más extremos de las compañías de seguros, prohibiéndoles que excluyeran a personas con enfermedades crónicas, forzándolas a que aceptaran a todo tipo de personas y patologías, a lo cual las compañías se opusieron, pero la presión popular sobre el Congreso forzó a que éste aprobara tales limitaciones. Por otra parte, la reforma también significó una extensión notable del aseguramiento privado, pues cubrirá a treinta millones más de asegurados, que hoy no tienen ninguna cobertura, pagando pólizas que estarán subvencionadas, con ventajes fiscales (como también proponen las derechas –tanto centrales, como periféricas- en España), con lo cual sus beneficios aumentarán considerablemente.

La ley obliga a toda la población a que se asegure, de la misma manera que cualquier persona que tenga un coche tiene que asegurarlo.

La alternativa más eficaz en reducción de costes hubiera sido la generalización de Medicare a toda la población (los costes administrativos de Medicare son el 6%, comparado con el 31% de las compañías de seguros sanitarios privados).

Una última observación. La victoria de Obama ha sido una noticia positiva para el Partido Demócrata pues, en caso contrario, se hubiera debilitado enormemente.

Las grandes ausencias de la Ley que la mayoría de la población desea –como la opción pública- (y que incluso la mayoría del Partido Demócrata aprobó en su primera propuesta) fue una concesión a las compañías de seguro que no era necesaria y debilitó la Ley.

El proceso de reforma ha empezado. Y como se desarrolle dependerá de la correlación de fuerzas en aquel país donde las derechas están supermovilizadas y hasta ahora las izquierdas estaban decepcionadas. Veremos cual es el próximo paso.

La ortodoxia, un freno para combatir la crisis, de Carlos Berzosa

Los déficit públicos son el resultado de una menor recaudación y del intento de estimular una demanda en descenso. En ningún caso son debidos a la acción manirrota de los gobiernos. Sin estas acciones tomadas por el sector público las cosas irían a peor.

Los economistas ortodoxos, no satisfechos suficientemente con los errores cometidos en el pasado reciente, vuelven a la carga con sus recetas, que son siempre las mismas: reducir el déficit público, reformar el mercado laboral a la baja, al igual que el sistema de financiación público de pensiones. No se puede olvidar que desde la década de los ochenta del pasado siglo hemos sido sometidos a un bombardeo realmente insoportable acerca de lo que hay que hacer en política económica. Además de haber insistido hasta la saciedad en la eficiencia de los mercados y la capacidad de estos para autorregularse, y en consecuencia disminuir el papel del Estado en la economía, se ha recomendado la privatización de empresas, bancos públicos y servicios. Se ha defendido la globalización como la gran panacea para el crecimiento económico y el desarrollo.

Para los ortodoxos la política económica debería basarse en un reducido déficit público, o superávit si es posible, acompañado de una reducción de impuestos y el uso de una política monetaria cuyo objetivo único sea el combate contra la inflación. Pues bien, con esta política económica se pretendía convencer a todo el mundo de que con ello se lograría una senda del crecimiento duradero y estable. La UE la ha llevado a cabo como la receta adecuada para seguir avanzando en el desarrollo de los países que ya lo eran. Para los países subdesarrollados su aplicación se consideraba que sería el mejor remedio para salir del atraso e ir alcanzando con el tiempo a las naciones que se encontraban a la cabeza. Con estas medidas se conseguía el avance, el desarrollo, y se evitaban las crisis económicas, que deberíamos dejarlas ya en el desván de los trastos viejos, como una pesadilla del pasado.

Los hechos se han llevado por delante a todas esas creencias, y las políticas de estabilidad no han sido capaces de evitar una crisis como la presente, la más grave desde la gran depresión de los treinta. La ortodoxia económica ha fallado estrepitosamente para evitar un cataclismo como el que estamos viviendo y que está dejando en la cuneta a millones de damnificados. Pero aún así quieren volver a las andadas de antes de la crisis, como si todo lo que ha sucedido nada tuviera que ver con las políticas económicas que se han venido recomendando como varita mágica para alcanzar el crecimiento. Ahora se pretende que lo más importante es la reducción del déficit público con las políticas de ajuste consiguientes, por lo que la situación puede agravarse más que resolverse. No es que piense que el déficit puede crecer ilimitadamente, pero una cosa es eso y otra tratar de bajarlo como sea en aras de un pacto de estabilidad que ha demostrado ya su ineficacia a la hora de vacunarnos contra la crisis.

En España, el problema principal no se encuentra en el elevado déficit, sino en la falta de crédito, en la no venta de la gran cantidad de pisos vacíos existentes y en la sustitución del motor de la construcción por otro u otros diferentes. Es ahí en donde habría que buscar soluciones, y no en la reducción del déficit público. También hay que subir los impuestos progresivos sobre la renta y establecer figuras impositivas sobre las grandes fortunas y la riqueza, al mismo tiempo que se combate con firmeza el elevado fraude fiscal. La crisis no puede ser pagada sólo por una parte de la población, que encima no ha tenido ninguna responsabilidad en su desencadenamiento. Hace falta una política más solidaria y que paguen más los que se han enriquecido en la época de las vacas gordas, de ganancias rápidas y fáciles y movimientos especulativos.


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26/03/2010

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Apaga y vámonos, por Jorge Alcalde


Basura selecta

26/03/2010

La dignidad del enfermo y el respeto a la debilidad, de Manuel González Barón, firector de la Cátedra de Oncología Médica y Medicina Paliativa de la Universidad Autónoma de Madrid. Jefe del Servicio de Oncología del Hospital Universitario La Paz

Una victoria personal de Obama, de Darío Valcárcel

Salarios y lucha de clases, de Alejandro Nadal

Obama responde a la llamada de la Historia, de Alan D. Solomont, embajador de EEUU en España

Una nueva gobernanza económica para 2020, de Antonio Estella, profesor de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, y Carlos Mulas-Granados, director de la Fundación Ideas


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25/03/2010

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Don’t Buy It, The crazy constitutional logic of the individual insurance mandate, by Jacob Sullum

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The Canadian Banking Fallacy, by Peter Boone and Simon Johnson

Why Businesses Don’t Experiment, by Dan Ariely


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24/03/2010

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Separation of Health and State Debate, by Bryan Caplan

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Health Care 2020, A dispatch from the future on the effects of health care reform, by Ronald Bailey


Basura selecta

24/03/2010

Déficit bueno o malo, de Alejandro Inurrieta

Choque de civilizaciones, de Ignacio Camacho

Para cualquier europeo contemporáneo, la universalidad de la asistencia sanitaria constituye una premisa elemental que desde hace décadas dejó de ser una reivindicación ideológica de parte para convertirse en un pilar axiomático del sistema. Sin embargo, en Estados Unidos se ha producido una verdadera rebelión de la opinión pública, de una intensidad que ya quisiera Esperanza Aguirre en su campaña contra la subida del IVA, ante una reforma en la que Obama ha empeñado el éxito de su Presidencia para dotar a los norteamericanos de un nivel de cobertura médica que en el mejor de los casos será similar al que había en la última España de Franco. Parece que más de la mitad de los ciudadanos está en contra de que sus impuestos sufraguen la factura clínica (privada) de los más débiles, actitud que a cualquiera de nosotros se nos antoja como mínimo de un descarnado egoísmo insolidario. Hay gente en la primera democracia del mundo que ha de vender su casa para costearse un tratamiento, y la medida recién aprobada aún dejará sin seguro a millones de desamparados. Tan tenaz y larga resistencia a la extensión del bienestar social -ni Rooselvelt ni Johnson ni Clinton pudieron hacer otra cosa que estrellarse en similares intentos, y ya veremos cuántos votos le cuesta a Obama el éxito del suyo- provoca notable estupor en la mentalidad mayoritaria de una Europa de cultura proteccionista, para la que el contumaz individualismo liberal yanqui plantea una interesante variante democrática del choque de civilizaciones.

Por encima de la cohesión social, en América prima la impermeabilidad histórica del culto sagrado a la libertad del individuo. Se trata de una cuestión de principios que tiene que ver con la herencia moral de los padres fundadores, y que se traduce en una desconfianza primordial sobre la intervención del Estado. Muchos ciudadanos de la Unión detestan que el Gobierno organice o se inmiscuya en sus vidas, sobre todo si lo hace a través de subidas de impuestos. El keynesianismo y demás derivados socialdemócratas siempre han estado allí bajo sospecha, y está por ver hasta qué punto Obama va a pagar por su esforzada victoria una cuenta políticamente muy gravosa. Porque además de los principios va a necesitar el concurso de la eficacia, que en los USA no tiene que ver sólo con el servicio que se presta sino con su precio. No basta con reformar el sistema; tendrá que demostrar que funciona y sobre todo que puede financiarlo. En eso también existe una diferencia sustancial con el criterio dominante a este lado del Atlántico, donde el déficit goza de una establecida y relajada permisividad. Los españoles, por ejemplo, que disponemos de una sanidad pública tan excelente como ruinosa, aún no sabemos hasta cuándo ni cómo podremos permitirnos nuestro alegre aunque muy popular dispendio. Y quizá no esté lejano el día en que tengamos que planteárnoslo.

Separation of Health and State Debate, by David Balan

¿Pensiones públicas o privadas?, de Júlia Montserrat, profesora de la Universitat de Girona

El ahorro para la etapa de la jubilación gestionado por una institución pública es un concepto moderno típico del Estado del bienestar, que se asienta sobre el valor de la solidaridad con el fin de lograr una redistribución de la riqueza y mejorar la situación económica de la sociedad en general. Promover el valor de la individualidad –cada uno tiene que velar por su pensión– en lugar de promover el valor de la solidaridad –pensiones dignas para todos– conllevará un empobrecimiento de la población en su conjunto. No vale el sálvese quien pueda.

La primera victoria de Obama, por Antoni Segura, catedrático de Historia Contemporánea de la UB

El sistema de cobertura sanitaria en Estados Unidos presenta un déficit histórico que la reforma sanitaria de Barack Obama, aprobada anteayer en el Congreso, trata de paliar.

En el caso de los seguros privados, sucede que los asegurados con primas más bajas se encuentran a menudo en la disyuntiva de tener que priorizar determinados tratamientos por encima de otros relacionados con enfermedades o accidentes menos graves. No es extraño, pues, que países con una red sanitaria privada –o pública– más barata y accesible, pero eficaz, reciban enfermos estadounidenses para su tratamiento.

Las compañías aseguradoras deberán renunciar a algunos de sus privilegios como poner límites al costo del tratamiento clínico, cancelar pólizas cuando el asegurado contraiga una enfermedad grave o no aceptar niños con patologías previas.

El sistema no es todavía homologable a la cobertura sanitaria pública de la mayoría de los países de la UE, pero es un paso importante en la normalización de un sistema sanitario que no está a la altura de la capacidad económica de EEUU. Estamos ante la primera gran victoria de Obama que, con esta reforma, ha conseguido sacar adelante uno de los principales puntos de su programa electoral y empezar a cerrar un déficit histórico que venía planteándose sin éxito por diversas administraciones desde el final de la segunda guerra mundial.


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