Libertad de elección y abundancia de alternativas

Artículo en el Instituto Juan de Mariana.

Recomendaciones

The Profit-Interest Gap, by Steve H. Hanke

Learning from what works, by Richard W. Rahn, a senior fellow at the Cato Institute and chairman of the Institute for Global Economic Growth

Entre Rothbard y Hayek, de Albert Esplugas (sobre Daniel Klein)

El empresario y la pobreza, de Manuel Ayau

Grecia hace temblar al euro… y el euro a los europeos, por Juan Ramón Rallo

Recomendaciones

Breaking Up Big Banks?, by Jeffrey Rogers Hummel

Arrow on Collective Rationality, by Don Boudreaux

Don’t Do Unto Me as I Do Unto You, by Don Boudreaux

Protectus, O Betterthanus, by Don Boudreaux

The Moral Paralysis of Obamacare, by Mario Rizzo

Basura selecta

Polvos y lodos, de José Ignacio González Faus

A Neira se le oxida la armadura, de Juan Carlos Escudier

La izquierda se ha muerto, de Juan Carlos Escudier

Política suicida en la Eurozona, por Juan Francisco Martín Seco

Obama y la democracia plena, por Antonio Papell

Recomendaciones

Essay on “Government” v. “State”, by Tibor Machan

Economía de la igualdad, de María Blanco

Por qué el socialismo no puede funcionar, por Juan Ramón Rallo

With health bill, Obama has sown the seeds of a budget crisis, by Robert J. Samuelson

Lord of the Factories, by Robin Hanson

Recomendaciones

Those Wall Street Gamblers Might Not Be Bad After All, by Nelson D. Schwartz

Average Prices, AS and AD, by Arnold Kling

Health care bill woke a sleeping giant, by Arnold Kling

Rescatamos a Grecia mientras nuestras cuentas se hunden, de Roberto Centeno

Una perspectiva austriaca de la crisis actual: diagnóstico y soluciones, de Ángel Martín Oro y Juan Ramón Rallo

Basura selecta

La libertad, según FAES, de Marco Schwartz

Cuando Margaret Thatcher llegó al poder en Reino Unido, en 1979, el general chileno Augusto Pinochet llevaba seis años al frente de una de las dictaduras más brutales de la historia latinoamericana. Thatcher era una ferviente admiradora del modelo económico ultraliberal impuesto a la fuerza por Pinochet y su implacable aparato represivo. En 1982, cuando el gurú del liberalismo Fredrich von Hayek propuso a la premier británica aplicar la receta en su propio país, esta le contestó: “Estoy segura de que usted entenderá que, en Gran Bretaña, dadas nuestras instituciones democráticas y la necesidad que aquí existe de alcanzar un elevado nivel de consenso, algunas de las medidas adoptadas en Chile son del todo inaceptables. Nuestra reforma debe ser conforme a nuestras tradiciones y a nuestra Constitución”.

Lo que estaba en marcha en el laboratorio chileno era la instauración de la ley de la selva, la consagración del darwinismo social en toda su violenta magnitud. Una manera despiadada de concebir la humanidad que Thatcher (pese a sus reservas iniciales) y su amigo estadounidense Ronald Reagan implantarían en sus países y en buena parte del mundo por tres décadas, hasta el día de hoy.

El martes pasado, FAES, la fundación del PP que preside José María Aznar, otorgó el Premio de la Libertad a Thatcher, protectora de un cruel dictador y adalid de un modelo económico inhumano que ha ahondado las desigualdades y las injusticias en el mundo. Eso sí: era amiga de Pinochet. No de Castro o Chávez.

Exorcista Amorth dice que ataques al Papa por pederastia son obra de Satanás

¿Un Estado unido para limitar al mercado…?, de Jordi Sevilla

Soy más partidario de buscar soluciones que culpables. Pero de nada valen algunas soluciones si no modificamos, a la vez, aquellas actitudes y comportamientos que nos han conducido a una situación, no deseada, de crisis. Y, con mucha frecuencia, estos cambios que alteran posiciones de privilegio para algunos sólo se pueden llevar a la práctica desde el carácter imperativo de la ley y las normas. Es decir, desde la acción del Estado que, en la medida en que sea democrático, tiene un alma más humana que la del mercado cuya finalidad es, sólo y exclusivamente, ganar dinero persiguiendo, con egoísmo, el interés propio.

La socialdemocracia moderna persigue tres objetivos alcanzables mediante una acción pública racional: libertad real para llevar adelante el proyecto de vida que cada uno decida, igualdad efectiva de oportunidades [...] y fraternidad entre quienes compartimos un proyecto constitucional con normas y procedimientos compatibles con distintas visiones sobre la vida, la religión o la moral. Remover los obstáculos sociales que impiden desarrollar ese proyecto y promover todas aquellas reformas institucionales que lo hagan posible [...] es un programa político, pero también moral.

Otro fracaso del mercado, de Jorge Calero, catedrático de Economía Aplicada

Las que aún tienen que servir, de Isaac Rosa

Recomendaciones

Misunderstanding Darwin, Natural selection’s secular critics get it wrong, by Ned Block and Philip Kitcher

Gary Becker interview

Is Curing Sybil Murder?, by Robin Hanson

Ems Like Alters?, by Robin Hanson

¿…O un mercado libre para frenar al Estado?, de Lorenzo Bernaldo de Quirós

Basura selecta

Enchúfate a la transparencia, de Joaquín Araújo

Y ahora, zancadas, de Carlos Carnero, embajador de España y eurodiputado (PSOE)

Refundando el capitalismo más salvaje, de Jordi Calvo Rufanges

Luces y sombras de la reforma sanitaria de Obama, de Vicenç Navarro

La carestía en la cobertura sanitaria está tan generalizada, que el 42% de las personas que se están muriendo como consecuencia de tener una enfermedad terminal, indican estar preocupadas por cómo ellas o sus familias pagarán sus facturas médicas. Ningún otro país alcanza tal nivel de crueldad. Y utilizo este término con todo rigor. Insto al lector a que se imagine una situación semejante en su propia familia y que piense en la angustia de, incluso en los momentos en que la persona se está muriendo, tener que preocuparse por cómo pagar los servicios sanitarios que recibe. Esto es lo que ocurre en EEUU. Es el capitalismo duro, sin guantes.

¿A qué se debe esta situación? Pues precisamente a que aquel país tiene el sistema sanitario que las derechas en España están pidiendo: es decir, que el sistema sanitario se privatice, y que los ciudadanos y residentes, en lugar de pagar su atención primordialmente a través de impuestos, lo hagan a través de pólizas a las compañías de seguros sanitarios. El problema con el aseguramiento privado es que las compañías de seguros son empresas con afán de lucro, que tienen como objetivo optimizar sus beneficios. Este es el objetivo principal de cualquier empresa con afán de lucro. Para tales compañías, atender a las necesidades de la población no es su objetivo más importante. Es un objetivo secundario; esta función es sólo relevante en la medida en que les sirva para mejorar sus beneficios. Su objetivo es, pues, la comercialización de la medicina. Y sus beneficios se consiguen a base, por un lado, de que las personas que se aseguren en tales compañías de seguros privados paguen lo máximo posible en pólizas y sistemas de copago y, por el otro, que tales compañías provean los servicios (contratando a los proveedores de servicios, tales como médicos y hospitales) al mínimo número de personas, lo cual consiguen a base de seleccionar a la población excluyendo a aquellas personas, como ancianos y enfermos crónicos, que consumen más servicios y recursos. Incluso, en muchas ocasiones, cuando el paciente desarrolla una enfermedad crónica, las compañías de seguros les expulsan de su aseguramiento. De ahí derivan sus beneficios.

Un sistema gestionado mayoritariamente por tales compañías de seguros, como el de EEUU, es enormemente ineficiente. Sus gastos administrativos son enormes: 31% de todo el gasto sanitario en EEUU es por costes administrativos (400.000 millones de dólares al año), que incluyen las elevadísimas remuneraciones y salarios a los directivos de tales compañías, además de gastos de supervisión, inspección, marketing y otros. Pero además de insuficiente, este sistema gestionado por las compañías de seguros es muy impopular. Estados Unidos es el país de la OCDE que tiene un porcentaje mayor de la población que está insatisfecha con el sistema de financiación del sistema sanitario. Y el 62% desearían que hubiera un sistema nacional sanitario financiado públicamente, que cubriera a toda la población. Esta propuesta, que significaría la extensión del Medicare (el programa de financiación federal que cubre a los ancianos, que es sumamente popular) a toda la población, se llama single payer (el pagador único) o Medicare for all. En este sistema, el gobierno federal pagaría la mayoría de las facturas y negociaría directamente con los proveedores (médicos y hospitales) el precio de los servicios. Tal propuesta es la más popular (dos terceras partes de la población la apoyan), observación que requiere ser subrayada, pues Antonio Caño, corresponsal de El País en EEUU (que frecuentemente idealiza el sistema político estadounidense) atribuye la ausencia de un programa sanitario universal en EEUU a que la ciudadanía no lo desea, asumiendo erróneamente que el Congreso de EEUU representa el sentir de la población estadounidense (el 68% de la población no cree que el Congreso representa sus intereses). La evidencia de que la población desea un cambio y que la financiación del sistema sea responsabilidad del Estado, es abrumadora (Ver articulo “La cobertura errónea de EEUU en los mayores medios de información españoles”. El Plural. 04.01.10). El mismo Presidente Obama cuando fue Senador en Illinois apoyó tal alternativa, abandonándola después.

Esta propuesta (que era la propuesta de los sindicatos y de la izquierda del Partido Demócrata), de aprobarse, hubiera significado que con un gasto mucho menor que el actual se podría haber proveído a toda la población de cobertura sanitaria. Así ocurrió en Canadá, país que tenía un sistema de financiación de su sanidad idéntico al estadounidense hasta que decidió eliminar las compañías de seguros y dejar que fuera el estado federal, junto con los gobiernos provinciales (homologables a las CCAA en España), el que contratara tales servicios. A partir de entonces, el gasto sanitario creció más lentamente en Canadá que en EEUU, a la vez que la cobertura sanitaria aumentaba en Canadá, siendo hoy mucho más completa que la de EEUU.

Lo que sí se consiguió fue que se limitaran algunos de los abusos más extremos de las compañías de seguros, prohibiéndoles que excluyeran a personas con enfermedades crónicas, forzándolas a que aceptaran a todo tipo de personas y patologías, a lo cual las compañías se opusieron, pero la presión popular sobre el Congreso forzó a que éste aprobara tales limitaciones. Por otra parte, la reforma también significó una extensión notable del aseguramiento privado, pues cubrirá a treinta millones más de asegurados, que hoy no tienen ninguna cobertura, pagando pólizas que estarán subvencionadas, con ventajes fiscales (como también proponen las derechas –tanto centrales, como periféricas- en España), con lo cual sus beneficios aumentarán considerablemente.

La ley obliga a toda la población a que se asegure, de la misma manera que cualquier persona que tenga un coche tiene que asegurarlo.

La alternativa más eficaz en reducción de costes hubiera sido la generalización de Medicare a toda la población (los costes administrativos de Medicare son el 6%, comparado con el 31% de las compañías de seguros sanitarios privados).

Una última observación. La victoria de Obama ha sido una noticia positiva para el Partido Demócrata pues, en caso contrario, se hubiera debilitado enormemente.

Las grandes ausencias de la Ley que la mayoría de la población desea –como la opción pública- (y que incluso la mayoría del Partido Demócrata aprobó en su primera propuesta) fue una concesión a las compañías de seguro que no era necesaria y debilitó la Ley.

El proceso de reforma ha empezado. Y como se desarrolle dependerá de la correlación de fuerzas en aquel país donde las derechas están supermovilizadas y hasta ahora las izquierdas estaban decepcionadas. Veremos cual es el próximo paso.

La ortodoxia, un freno para combatir la crisis, de Carlos Berzosa

Los déficit públicos son el resultado de una menor recaudación y del intento de estimular una demanda en descenso. En ningún caso son debidos a la acción manirrota de los gobiernos. Sin estas acciones tomadas por el sector público las cosas irían a peor.

Los economistas ortodoxos, no satisfechos suficientemente con los errores cometidos en el pasado reciente, vuelven a la carga con sus recetas, que son siempre las mismas: reducir el déficit público, reformar el mercado laboral a la baja, al igual que el sistema de financiación público de pensiones. No se puede olvidar que desde la década de los ochenta del pasado siglo hemos sido sometidos a un bombardeo realmente insoportable acerca de lo que hay que hacer en política económica. Además de haber insistido hasta la saciedad en la eficiencia de los mercados y la capacidad de estos para autorregularse, y en consecuencia disminuir el papel del Estado en la economía, se ha recomendado la privatización de empresas, bancos públicos y servicios. Se ha defendido la globalización como la gran panacea para el crecimiento económico y el desarrollo.

Para los ortodoxos la política económica debería basarse en un reducido déficit público, o superávit si es posible, acompañado de una reducción de impuestos y el uso de una política monetaria cuyo objetivo único sea el combate contra la inflación. Pues bien, con esta política económica se pretendía convencer a todo el mundo de que con ello se lograría una senda del crecimiento duradero y estable. La UE la ha llevado a cabo como la receta adecuada para seguir avanzando en el desarrollo de los países que ya lo eran. Para los países subdesarrollados su aplicación se consideraba que sería el mejor remedio para salir del atraso e ir alcanzando con el tiempo a las naciones que se encontraban a la cabeza. Con estas medidas se conseguía el avance, el desarrollo, y se evitaban las crisis económicas, que deberíamos dejarlas ya en el desván de los trastos viejos, como una pesadilla del pasado.

Los hechos se han llevado por delante a todas esas creencias, y las políticas de estabilidad no han sido capaces de evitar una crisis como la presente, la más grave desde la gran depresión de los treinta. La ortodoxia económica ha fallado estrepitosamente para evitar un cataclismo como el que estamos viviendo y que está dejando en la cuneta a millones de damnificados. Pero aún así quieren volver a las andadas de antes de la crisis, como si todo lo que ha sucedido nada tuviera que ver con las políticas económicas que se han venido recomendando como varita mágica para alcanzar el crecimiento. Ahora se pretende que lo más importante es la reducción del déficit público con las políticas de ajuste consiguientes, por lo que la situación puede agravarse más que resolverse. No es que piense que el déficit puede crecer ilimitadamente, pero una cosa es eso y otra tratar de bajarlo como sea en aras de un pacto de estabilidad que ha demostrado ya su ineficacia a la hora de vacunarnos contra la crisis.

En España, el problema principal no se encuentra en el elevado déficit, sino en la falta de crédito, en la no venta de la gran cantidad de pisos vacíos existentes y en la sustitución del motor de la construcción por otro u otros diferentes. Es ahí en donde habría que buscar soluciones, y no en la reducción del déficit público. También hay que subir los impuestos progresivos sobre la renta y establecer figuras impositivas sobre las grandes fortunas y la riqueza, al mismo tiempo que se combate con firmeza el elevado fraude fiscal. La crisis no puede ser pagada sólo por una parte de la población, que encima no ha tenido ninguna responsabilidad en su desencadenamiento. Hace falta una política más solidaria y que paguen más los que se han enriquecido en la época de las vacas gordas, de ganancias rápidas y fáciles y movimientos especulativos.

Recomendaciones

Krugman’s Chinese renminbi fallacy, by Yiping Huang

Philosophers Rip Darwin, by Michael Ruse

Fodor and Piattelli-Palmarini get everything wrong, by PZ Myers

Break Up the Banks – It’s Politics, Not Economics, That, by Arnold Kling

Apaga y vámonos, por Jorge Alcalde